LA Fiscalía Anticorrupción sorprendió a los aficionados cuando recurrió la primera imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos que tiene como protagonista principal a su marido, Iñaki Urdangarín. ¿Qué acusación pública era esa que en vez de acusar defendía? Ahora ha corregido el tiro: sigue sosteniendo que la hija menor del Rey no cometió ningún delito, pero pedirá que pague por haberse lucrado con los delitos de otro (el mismo Urdangarín, claro).

Cuando concluya la instrucción, el fiscal ratificará en su escrito de calificación sobre los hechos la teoría que más conviene a la defensa de la Infanta, aunque es también la tesis que más dudas proyecta sobre su nivel de inteligencia: doña Cristina no se enteraba de nada, firmaba todos los papeles que su enamorado esposo le ponía por delante y le dejaba manejar discrecionalmente la sociedad creada para gestionar los ingresos y gastos familiares. Cristina Blue Jasmine, podríamos decir. Todo eso y sólo eso es lo que contestará la Infanta en su esperadísima comparecencia de mañana.

Ahora bien, el fiscal no coincide del todo con los letrados del despacho de Roca Junyent que defienden a Cristina de Borbón, sino que se acerca a la posición de su viejo amigo -¿ex amigo?- el juez instructor José Castro: a la Infanta se le puede aplicar el artículo 122 del Código Penal sobre la responsabilidad civil subsidiaria de quien se haya beneficiado de los efectos de un delito o falta. Alguien que, sin perpetrar personalmente ninguna malversación de fondos públicos o tráfico de influencias, ha disfrutado de lo malversado o traficado. De ahí que vaya a solicitar que doña Cristina devuelva 600.000 euros, la mitad de lo ingresado en la compañía familiar procedente del Instituto Nóos, al que financiaron con esplendidez las instituciones de Baleares y Valencia. Todo ideado por Urdangarín y su perspicaz socio.

Hay abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los requisitos de esta responsabilidad civil subsidiaria. Exige que alguien se aproveche de los efectos de un delito o falta, aunque no se le pueda condenar por receptador, que quien posea tales bienes desconozca que proceden de un hecho delictivo y que no esté acusado de participar en el delito a título de autor o cómplice. Todo esto lo cumpliría Cristina de Borbón., según el ministerio público. Le han encontrado una salida. Quizás no demasiado airosa, pero sí oportuna. Beneficiaria de delitos, no delincuente.