LA sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha estimado el recurso contra la denegación de la licencia municipal de obras para el hotel El Algarrobico, que presentaron tanto la promotora como el Ayuntamiento de Carboneras, localidad en la que se ubica el edificio paralizado desde hace ocho años, y supone de facto un nuevo paso hacia su salvación. La pregunta, que hasta ahora era cuándo la piqueta haría acto de presencia en la gran mole de cemento y hormigón para su derribo, ha dado un giro de 180 grados y pasa a ser si se podrán o no tirar las 22 plantas y las 411 habitaciones que la empresa Azata del Sol proyectó construir en la playa del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Tras una docena de varapalos judiciales, desde que el Ministerio de Medio Ambiente que presidía Cristina Narbona decidiera paralizar los trabajos, la dinámica judicial ha cambiado de forma radical este 2014 con tres sentencias que se antojan casi definitivas para el mantenimiento en pie del hotel. La primera declaraba el suelo urbanizable en marzo; la segunda exculpaba al anterior equipo de gobierno del PSOE y a su alcalde, Cristóbal Fernández, de cualquier delito y la última, el miércoles, cuando el TSJA fallaba que la licencia municipal de obras se ajustaba a derecho. ¿A partir de ahora qué? Mientras el Ayuntamiento y la empresa constructora se felicitan por el fallo y ven ya la posibilidad de reiniciar las obras y poner en valor el hotel, la Junta de Andalucía en boca de la consejera de Medio Ambiente dice acatar la sentencia, pese a que no les gusta. Mientras valoran si presentan o no un recurso contra el fallo judicial, los ecologistas de Salvemos Mojácar anuncian una querella contra los jueces que la han dictado por prevaricación. Lo cierto es que la opinión pública ha vivido el proceso dividida, entre los que aplaudieron la decisión de la ministra Narbona y aquellos que siempre han creído que la playa tiene escaso valor ecológico y ambiental y el hotel se presentaba como una oportunidad para crear empleo y riqueza en un pueblo muy castigado por el paro. De forma paralela, se argumenta que el proyecto siempre contó con el beneplácito tanto del Ayuntamiento como de la Administración andaluza, que en los últimos años ha cambiado de opinión sobre la posibilidad de mantenerlo. Sea como fuere, lo que no parece razonable es que este proceso judicial se prolongue durante ocho años, tanto por las pérdidas que ha ocasionado a la promotora Azata, como a aquellos que creen que el espacio debe volver a recuperar su estado natural y medioambiental.