LA trágica concatenación de errores judiciales que han llevado a que un pederasta con condena firme eludiera su ingreso en prisión y sea ahora el presunto autor de la muerte de la pequeña Mari Luz Cortés pone otra vez encima de la mesa el debate sobre la escasez de medios con que se dota a la Administración de Justicia en nuestra comunidad. En ningún caso ha de servir de excusa para justificar que un hombre con el historial de Santiago del Valle pudiera pasearse impunemente por las calles de este país, pero sí para reflexionar sobre el funcionamiento de un sistema judicial al que parece que se le rompen las costuras y camina hacia una situación de colapso que pagan los ciudadanos que acuden a ella. Merece la pena pararse a pensar en cómo se ha convertido en costumbre escuchar las denuncias de las juntas de jueces reclamando la creación de juzgados de instrucción, de lo penal, de violencia doméstica... para evitar una sobrecarga de trabajo que ha terminado por convertirse en saturación. Casi siempre es lo mismo: los jueces reclaman medios, la Junta responde que la situación no es tan grave y, mientras, los casos se apilan en las mesas de los funcionarios a la espera de que alguien ponga los medios para desatascar el cuello de botella. Es la realidad, la diga quien la diga. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, avisó el año pasado de que los graves retrasos en la tramitación de los contenciosos administrativos estaban implicando un riesgo para la efectividad de las garantías constitucionales de los andaluces que acuden a los juzgados. Y en otras materias, como la penal, nos encontramos que en la misma Sevilla donde fue juzgado Santiago del Valle hay 7.000 condenas en fase de ejecución. En seis grandes ciudades españolas hay órganos dedicados en exclusiva al cumplimiento de las resoluciones judiciales. Ninguna de estas urbes está en Andalucía. ¿A qué está esperando la Consejería de Justicia para cubrir las necesidades de nuestros juzgados?

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