En general la legislación penal española es respetuosa de los derechos de los procesados y los jueces son garantistas con los derechos de los detenidos y de los condenados. Algunos, sin embargo, se pasan de benévolos e interpretan la presunción de inocencia con extraordinaria ligereza y generosidad ilimitada. Y entonces tenemos un problema.

Un juez de instrucción de La Línea ha provocado cierto escándalo social y una manifiesta indignación entre las fuerzas del orden y los fiscales de la zona tras dictar órdenes de libertad bajo fianza a los hermanos Tejón, conocidos como Los Castaña y tenidos por los reyes del hachís en la castigada comarca gibraltareña y uno de los grupos de narcos más poderosos de España. El mayor reunió en un rato los 120.000 euros de fianza y fue recibido en su barrio con el entusiasmo acostumbrado por los beneficiarios de sus delitos (también Pablo Escobar era un héroe para media Colombia). El otro no ha podido salir porque no es un preso preventivo, sino que también cumple condena por una causa anterior.

Lo anormal son las razones esgrimidas en el auto de libertad dictado por el juez. Habla, por una parte, de " las circunstancias personales y de arraigo familiar y social concurrentes en los investigados" que presuntamente eliminarían el riesgo de fuga. No, si arraigo familiar y social sí tienen, desgraciadamente, estos individuos en una sociedad depauperada y rehén del dinero fácil de la droga, pero eso no le impidió a Francisco -el ahora liberado- permanecer en busca y captura durante dos años, hasta que se entregó hace uno. Por otra, el juez argumentó que el juicio oral tardará mucho en llegar debido a la complejidad de la causa y los trámites todavía no realizados, sin tener en cuenta que tal dilación también se debe al tiempo que el narco estuvo huido. La Audiencia Provincial de Cádiz, cuando desestimó el recurso del Castaña mayor contra su entrada en prisión, subrayó que la pena a la que se enfrenta por su actividad criminal, de diez años, justificaba su prisión provisional. Legalmente podría estar allí, antes del juicio, cuatro años. El juez ha decidido que esté uno. Tal vez la Audiencia se reitere en su posición cuando la Fiscalía recurra la puesta en libertad.

Mientras tanto, a disfrutar del botín acumulado con las fechorías. La Justicia, seguro que sin quererlo, ha mandado a los malos y a los buenos mensajes contradictorios. A unos les proporciona la sensación de semiimpunidad y para otros la impresión no puedes ser más que desencanto y frustración. No hay derecho.

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