EL 13 de julio de 1713, en la ciudad neerlandesa de Utrecht -trescientos años se cumplieron ayer- la Corona de España firmó el Tratado por el que entregó a la Corona de la Gran Bretaña la isla de Menorca -recuperada 69 años después- y el Peñón de Gibraltar -aún bajo dominio británico-, que es el paradigma de un anacronismo en la Europa de la Unión: la pervivencia del colonialismo junto a la libre circulación de personas y mercancías. Gibraltar se perdió en un momento de debilidad española, en 1704 durante la Guerra de Sucesión a la que precisamente puso fin el Tratado que ahora se conmemora. Y ésa ha sido una constante en los tres siglos que han transcurrido: los británicos han usado nuestras flaquezas para ir agrandando la cesión que en Utrecht se hizo y que comprende exclusivamente "la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas". Ni el istmo, que ahora acoge el aeropuerto, ni las aguas se entregaron nunca. En estos trescientos años España ha intentado muchas veces recuperar el Peñón, primero de manera bélica y luego diplomática. El contencioso que aún permanece tuvo un momento clave en el siglo pasado, cuando en 1968 el dictador Franco logró que Naciones Unidas reconociese en la resolución 2429 (XXIII) la obligación de la descolonización, vista como reintegración territorial a España y no como ejercicio de autodeterminación de la población gibraltareña, precisamente en virtud del derecho de retrocesión acordado en Utrecht, y reclamase la negociación entre naciones para resolver la cuestión. De los procesos negociadores, destacan el que en 2002 fijó un protocolo de intenciones de soberanía compartida, que el rechazo yanito truncó, y el Foro de Diálogo a tres voces, que sólo sirvió para beneficiar a Gibraltar. Conmemorar los trescientos años de Utrecht debería servir para impulsar el proceso de reintegración del territorio a España, oyendo a su población actual y arbitrando fórmulas viables que resuelvan este anacronismo impropio del siglo XXI.