EL Gobierno dio ayer luz verde de forma definitiva a una nueva subida en los precios del gas natural y el butano. Dos recursos energéticos esenciales para la vida de las familias. En el caso del butano, el encarecimiento de este producto básico es el tercero que se produce en los últimos seis meses. El precio del gas natural crece un 4,1%, mientras que la bombona costará a partir de ahora un 5,75% más cara. Una cifra que, además, es cuatro veces superior al último IPC adelantado, que es el correspondiente al mes de marzo. Un análisis superficial de dicha medida podría justificarla sobre la base del encarecimiento del precio del barril de petróleo Brent (84 dólares), que está en máximos en relación a finales del año 2008. Este factor quizás haya influido, pero, en todo caso, no puede considerarse la única razón cierta del incremento. Sobre todo si se tiene en cuenta que, probablemente como resultado de la crisis económica, la demanda global de gasolina en España ha caído un 4,6%. Más bien los motivos de la subida del precio de ambos recursos energéticos básicos se deben a la necesidad del Gobierno de penalizar fiscalmente ciertos consumos para hacer caja e ingresar más dinero con el que intentar paliar el preocupante desequilibrio económico que padecen las arcas del Estado. Una decisión que, además, no se limita al momento presente, sino que tendrá a buen seguro continuidad en el tiempo a corto y medio plazo. No en vano, los precios oficiales del gas y el butano se revisan cada tres meses. El calendario sitúa la siguiente modificación en pleno mes de julio, lo que puede dar lugar a que entonces se produzca una doble imposición: la subida ordinaria (similar a la aprobada ayer) junto al encarecimiento global de casi todos productos que supondrá la reforma del IVA. El escenario en el que se encuentra el ciudadano es complejo: temeroso por los efectos sociales de la crisis y el paro y obligado a ahorrar como única medida preventiva, sufre el aumento de la presión fiscal en todos sus parámetros: los tributarios (directos) y los relacionados con el consumo. La economía española ahuyentó hace tiempo el fantasma de la deflación pero ahora está en el callejón sin salida del excesivo déficit público. Una factura que, una vez más, tendrán que pagar todos los españoles.