EL Gobierno aprobó ayer, al fin, el nuevo modelo de financiación de Radio Televisión Española (RTVE). Lo más llamativo del mismo es que suprime por completo la publicidad en TVE (Radio Nacional nunca la tuvo). En otoño dejará de haber anuncios en la televisión de propiedad pública a nivel nacional. ¿Seguirán el ejemplo las autonómicas y locales? Hay serias dudas.

La pérdida de los ingresos publicitarios será compensada por una especie de impuesto que habrán de pagar las cadenas privadas (el 3% de sus ingresos brutos anuales) y una tasa a abonar por las operadoras telefónicas (0,9% de los ingresos). Ambos conceptos equivalen este año a 140 millones y 290 millones de euros, respectivamente. El importe de la tasa que se cobra por el uso del espacio radioeléctrico (240 millones) y los propios Presupuestos Generales del Estado (550 millones) completarán los fondos previstos para que RNE y TVE sobrevivan, aunque sea lejos del gigantismo actual.

Los financiadores forzosos del nuevo modelo no están demasiado contentos. Las cadenas privadas, que han clamado contra la competencia desleal de RTVE, han aceptado a regañadientes su participación, argumentando que ya se las obliga a invertir el 5% de sus ingresos en producir cine español. Pero su protesta será comedida. No en vano se van a repartir los ingresos publicitarios que hasta ahora iban a la pública, brutalmente menguantes a causa de la crisis, pero que todavía suponen un buen pellizco. Las Telefónica, Vodafone y demás, por su parte, se han indignado más, aunque ya hacen presagiar la "solución": cargarán la tasa a sus tarifas, de modo que seremos los usuarios los que, al final, sufraguemos la nueva TVE sin anuncios. El resultado definitivo no sería entonces muy distinto del modelo de la BBC, es decir, un impuesto general por tenencia de aparato de televisión.

Aunque la decisión del Consejo de Ministros va en la buena dirección, resulta parcial e insuficiente. Se ha centrado en el problema de la financiación, respondiendo a una exigencia creciente de las compañías privadas y a un estado de opinión pública cercano al escándalo, pero ha dejado de lado el meollo de la cuestión: ¿hace falta una televisión pública en España? Y si la respuesta es afirmativa, como personalmente pienso yo, ¿qué televisión? ¿con qué contenidos y a qué precio? Un debate de estas características no se ha planteado nunca en serio en España, y es precisamente el que se necesita. Si se decidiera que TVE debe ofrecer solamente programas de servicio público, información y cultura, el Ente -¡vaya nombrecito!- no tendría necesidad de pelear por la audiencia a toda costa, ni necesitaría emitir durante tantas horas, ni gastar tanto dinero ni mantener una plantilla tan amplia.

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