Les parecerá raro, pero el PP está a favor de algunos indultos. Parafraseando a Sánchez, el Gobierno andaluz considera que la Junta no debe ser vengativa o revanchista con los 300.000 propietarios de viviendas irregulares que hay repartidas por el territorio andaluz y que no es tiempo de castigo sino de concordia. Y por eso hizo un decreto de indulto de estas edificaciones ilegales, que estaba incluido en una ley urbanística pícaramente llamada LISTA, que esta semana Vox ha tumbado en el Parlamento andaluz. Oficialmente la extrema derecha acusa al gobierno de Moreno Bonilla de incumplir los acuerdos de investidura o presupuestarios con su grupo y reprocha al PP que base su estrategia en la propaganda y el márquetin político. ¡Como si el populismo no fuese esencialmente mercadotecnia y difusión!

Aunque, eso sí, desde que el PP llegó a San Telmo ha ido multiplicando cada año por dos o por tres la dotación para encuestas, que ha pasado de los 30.000 euros de 2019 a casi medio millón para 2022, según informa eldiario.es. Así que hay márquetin en dosis masivas, pero ese es un mal extendido a gobiernos de todo signo. Aquí no se reinicia nada desde nuevos planteamientos. Se envuelve lo antiguo en celofán de colores y se le da una patada a seguir. La prueba es la famosa LISTA: Ley de Impulso para la Sostenibilidad Territorial de Andalucía.

Es la misma filosofía de Aznar en La Moncloa, entre los últimos 90 y primeros 2000, cuando se declaró todo el territorio urbanizable y se produjo la más acusada especulación del suelo y encarecimiento de la vivienda de la reciente historia de España. La guinda fue el ministro de Fomento Álvarez Cascos, que decía que los pisos subían de precio porque los españoles podían pagarlos. Pudieron, hasta que reventó la burbuja. Ahora con la LISTA se comete la torpeza de dar barra libre a la competencia municipal, cuando en los años de la corrupción el gilismo y sus imitadores demostraron que la local era la parte más vulnerable del control a promotores y constructores. Las juntas provinciales de urbanismo de la Junta y la autoridad regional pararon muchos atropellos en aquella época.

Ahora, bajo la etiqueta de la sostenibilidad y el lema de la revolución verde defendida de boquilla por la Junta, esta ley non nata simplificaba al mínimo normas y trámites sin establecer una sólida fiscalización del impacto paisajístico o acústico, densidad poblacional o alto coste de infraestructuras públicas para un servicio de pocos meses. Todo en aras del dinamismo económico para relanzar la construcción, pilar del desarrollismo acelerado anterior a la crisis de finales de los 2000, que produjo un beneficio descontrolado de los promotores privados. Podríamos pensar que es una ley más torpe que LISTA. Aunque quizá los listos son sus autores, que visten ahora de verde la vieja política urbanística del PP, que acrecentó en este país el crac del 2009. Con la novedad del indulto a 300.000 infractores...

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