C OMO era previsible, el deshielo en las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat que se ha iniciado con la entrevista del lunes entre sus presidentes ha traído polémica. El motivo es la autorización concedida por Zapatero para que Artur Mas pueda afrontar la asfixia financiera que padece el Gobierno catalán mediante la emisión de deuda a largo plazo por un importe de entre 2.000 y 2.500 millones de euros. Nueve comunidades autónomas alzaron ayer su voz contra lo que consideran un trato de favor del Ejecutivo hacia Cataluña. Es de destacar que en esta ocasión el conflicto no es estrictamente partidista, ya que entre las autonomías que protestan hay varias gobernadas por el PP, una por un partido regionalista (Cantabria) y otras por barones influyentes del PSOE, como el de Castilla-La Mancha. El presidente de esta última, José María Barreda, ha recordado que según la Constitución todos los españoles son iguales ante la ley, por lo que hay que dar por hecho que "el Gobierno tratará de la misma manera a todas las comunidades y no va a privilegiar a ninguna de ellas". El privilegio, sin embargo, existía, desde el momento en que la Generalitat iba a poder emitir su deuda antes de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera dé el visto bueno al plan de viabilidad acordado por el gabinete de Mas, a la vista de la situación financiera de la Generalitat, que él atribuye a un déficit muy superior a lo que el tripartito había afirmado que dejaba a sus herederos políticos. Aunque Mas ha vuelto a lamentar que cuando Cataluña consigue alguna reivindicación se le critica y, en cambio, nadie protesta si se satisface una demanda de Andalucía (alusión al pago en solares de la deuda histórica), lo cierto es que el Gobierno Zapatero se saltó a la torera la norma que obliga a esperar el permiso del Consejo de Política Fiscal y ha permitido a la Generalitat emitir la deuda que niega a otras autonomías, igualmente desbordadas en sus cuentas. Finalmente, anoche se matizó: la autorización a la Generalitat es para refinanciar la deuda y podrán hacerlo también las demás autonomías.

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