LA postrera espantada del Gobierno de Zapatero ante el reglamento que desarrolla la ley antipiratería es un perfecto compendio de los defectos que han lastrado la legislatura socialista: obcecación, dudas, rectificaciones inopinadas, titubeos, vueltas atrás, escrúpulos, inseguridad, división y finalmente, ante el asombro de propios y extraños, irresolución. O, en otros casos, solución tardía con elevado coste electoral. Dudó de la crisis, retardó el reconocimiento, dio un volantazo, ninguneó a los desfavorecidos y se alineó con la línea dura. El final del mandato no ha podido ser más deprimente: el Gobierno, in articulo mortis, cambió a hurtadillas la Constitución, incluyó por sorpresa la base de Rota en el escudo antimisiles, perdonó a un banquero condenado y no tuvo el coraje suficiente para culminar la larguísima tramitación de la ley Sinde. Por más que Rubalcaba se rompiera el alma en la campaña era imposible deshacer semejantes entuertos o, dicho de otra forma, corregir unos vicios que han perdurado incluso después de la derrota electoral. A muchos autores y creadores se les puso cara de estúpidos cuando, después de las vacilaciones reglamentarias, el decreto se quedó en el cajón a la espera nada menos que del PP, su enemigo natural. Lo mismo que a los millones de internautas, que no daban crédito a la indeterminación del Gobierno.

Si los creadores, después de varios años de suspense, no tienen una ley que regule el derecho de la propiedad intelectual la responsabilidad es de quien ha estado amagando con aprobar una norma que, con el tiempo y las indecisiones, se ha ido llenando de parches, recosidos y pegotes hasta convertirse en un retal más bien andrajoso que no ha convencido siquiera al propio Consejo de Ministros. Cada vez que el Gobierno introducía una rectificación a petición de algún organismo mediador o por iniciativa propia la ley se hacía más oscura y sospechosa.

Una ley redactada al calor de la Sociedad General de Autores de Teddy Bautista es una ley contaminada. Una norma alentada al mismo tiempo que el cobro del canon digital -que ponía en manos de una junta de autores supuestamente corrupta millones de euros cuyo paradero y sistema de reparto no están aclarados- carece de legitimidad moral para obligar a los ciudadanos.

No sé qué hará Rajoy con la ley Sinde, aunque lo mejor sería destruirla para siempre e iniciar un procedimiento nuevo sin la presión de las brigadas de Teddy Batuista y sin una destacada socia de la SGAE en el Ministerio de Cultura. Y aprobar una ley suficientemente flexible para adaptarse a un mundo donde el derecho a la copia, me temo, es ya inalienable. Si es que existe tal flexibilidad.