EL Consejo de Ministros dio luz verde ayer al proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que persigue implantar la libre circulación de productos y servicios por todo el territorio nacional. La nueva norma, elaborada a raíz de un anteproyecto gubernamental de enero pasado enriquecido por informes preceptivos y aportaciones institucionales en el trámite de audiencia pública, está inspirada en el principio de licencia única y legislación de origen, ya vigente en el mercado único europeo, así como en la confianza mutua entre las administraciones y la no discriminación por razones de origen o lingüísticas. En la práctica supone que cualquier producto o servicio generado al amparo de una determinada normativa autonómica podrá ser ofertado en todo el territorio de España sin necesidad de acudir a una tramitación adicional en otras comunidades. Se acabará así con la aberrante situación actual que exige solicitar 17 licencias distintas, una por cada autonomía, para vender un producto o prestar un servicio procedente de una de ellas. La ley ha tenido que vencer objeciones planteadas por los gobiernos catalán, vasco y andaluz, los dos primeros de manera frontal en tanto que la comunidad autónoma andaluza impugnaba un aspecto parcial relacionado con la protección a los consumidores y usuarios. Con su entrada en vigor se producirá un efecto notable: la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia quedará facultada para suspender toda norma autonómica que rompa la unidad del mercado español. Se calcula, a este respecto, que alrededor de cinco mil regulaciones regionales e incluso locales quedarán amenazadas de paralización y reforma por suponer un perjuicio claro a la libre circulación de mercancías y servicios que se pretende garantizar. Es un paso importante, en este sentido, en la lucha contra lo que algunos expertos llaman la diarrea jurídica y administrativa generada por el funcionamiento particularista del Estado de las Autonomías. Al mismo tiempo que se asegura la unidad y la libertad de mercado la ley provocará un aumento de la competitividad y la simplificación de trámites para la actividad productiva. Se trata, pues, de una reforma necesaria que se aborda por vez primera. Sus efectos sólo podrán conocerse con exactitud a largo plazo, aunque el Ministerio de Economía ha calculado que conllevará un aumento del Producto Interior Bruto del 1,52% en sus primeros diez años de vigencia. Es un dato relevante, como se deduce de su comparación con las cifras de evolución del PIB a las que está acostumbrada la economía española desde el estallido de la crisis y la llegada de la recesión. Un mecanismo más para combatirlas.