Editorial

Hacia la unidad de mercado

EL Consejo de Ministros dio luz verde ayer al proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que persigue implantar la libre circulación de productos y servicios por todo el territorio nacional. La nueva norma, elaborada a raíz de un anteproyecto gubernamental de enero pasado enriquecido por informes preceptivos y aportaciones institucionales en el trámite de audiencia pública, está inspirada en el principio de licencia única y legislación de origen, ya vigente en el mercado único europeo, así como en la confianza mutua entre las administraciones y la no discriminación por razones de origen o lingüísticas. En la práctica supone que cualquier producto o servicio generado al amparo de una determinada normativa autonómica podrá ser ofertado en todo el territorio de España sin necesidad de acudir a una tramitación adicional en otras comunidades. Se acabará así con la aberrante situación actual que exige solicitar 17 licencias distintas, una por cada autonomía, para vender un producto o prestar un servicio procedente de una de ellas. La ley ha tenido que vencer objeciones planteadas por los gobiernos catalán, vasco y andaluz, los dos primeros de manera frontal en tanto que la comunidad autónoma andaluza impugnaba un aspecto parcial relacionado con la protección a los consumidores y usuarios. Con su entrada en vigor se producirá un efecto notable: la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia quedará facultada para suspender toda norma autonómica que rompa la unidad del mercado español. Se calcula, a este respecto, que alrededor de cinco mil regulaciones regionales e incluso locales quedarán amenazadas de paralización y reforma por suponer un perjuicio claro a la libre circulación de mercancías y servicios que se pretende garantizar. Es un paso importante, en este sentido, en la lucha contra lo que algunos expertos llaman la diarrea jurídica y administrativa generada por el funcionamiento particularista del Estado de las Autonomías. Al mismo tiempo que se asegura la unidad y la libertad de mercado la ley provocará un aumento de la competitividad y la simplificación de trámites para la actividad productiva. Se trata, pues, de una reforma necesaria que se aborda por vez primera. Sus efectos sólo podrán conocerse con exactitud a largo plazo, aunque el Ministerio de Economía ha calculado que conllevará un aumento del Producto Interior Bruto del 1,52% en sus primeros diez años de vigencia. Es un dato relevante, como se deduce de su comparación con las cifras de evolución del PIB a las que está acostumbrada la economía española desde el estallido de la crisis y la llegada de la recesión. Un mecanismo más para combatirlas.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios