LA apertura, ayer, del portal de transparencia de la Administración General del Estado en aplicación de la ley aprobada a finales del año pasado supone un importante avance en la consolidación de la democracia y la lucha contra la corrupción. El combate contra las actividades corruptas al amparo del ejercicio de la política, más necesario que nunca, empieza por hacer posible que los ciudadanos reciban la información suficiente para el control y el escrutinio de la acción pública. Desde cómo se administran los fondos públicos a qué criterios se manejan a la hora de tomar decisiones políticas y cómo funcionan las instituciones, todo debe formar parte de la cotidianeidad una vez que ha entrado en vigor la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Lo más notable de este acontecimiento es que, siendo vital su importancia para el refuerzo de la democracia y sus lazos con los ciudadanos, haya tardado casi cuarenta años en ponerse en marcha este instrumento. El Gobierno actual, aunque se ha demorado lo suyo, sí ha cumplimentado el compromiso electoral que había adquirido al respecto. Desde ayer el Gobierno hace públicos los sueldos de sus ministros y todos los altos cargos a partir de director general, las subvenciones y convenios, así como los contratos, que hasta ahora estaban dispersos en los distintos ministerios. El portal ha arrancado con un archivo de 500.000 datos de diversa importancia e interés. Otros datos habrán de ser suministrados a petición individual de los ciudadanos, que se responderá en un plazo de treinta días. También se creará un Consejo de Transparencia al que se podrá acudir si la Administración se niega a contestar, generalmente por motivos de seguridad. La nueva legislación deberá contrastar su viabilidad y eficacia en la práctica, aunque nace con algunas limitaciones que reducen su alcance. La principal es que se trata de una iniciativa que implica y afecta a la Administración central, quedando sin normativa el acceso a la información correspondiente a comunidades autónomas y ayuntamientos, los ámbitos en que se ventilan cuestiones que interesan a los ciudadanos en su vida cotidiana y en los que la opacidad y las actuaciones irregulares se producen con más frecuencia. La comunidad autónoma andaluza, por su parte, ha dado luz verde a su propia ley de transparencia, que parece más ambiciosa que la nacional, aunque no empezará a surtir efecto hasta el 1 de enero próximo. Urge que las demás autonomías y, por supuesto, los ayuntamientos, sigan el mismo camino. Lo merecen los ciudadanos y lo requiere la solidez de una democracia demasiado dañada por una corrupción que muchas veces se origina en la falta de transparencia y claridad de los gestores públicos.