CONSTITUCIONALMENTE todo español tiene derecho a una vivienda digna. Y cabe preguntarse hasta que punto tamaño derecho es una realidad, quizá porque sea el de más difícil cumplimiento política, social y económicamente. Un reto para el Estado democrático que posiblemente esté muy lejos de conseguirse totalmente. Mas no es el tema que queremos hoy dilucidar. Lo que nos atrae hoy la atención en torno al mundillo inmobiliario es su situación.

Sabido es que una gran parte de la crisis económica deviene del paro de la construcción. Y viviendas vacías en venta y alquiler nos las encontramos a cada paso, tanto en el centro de las ciudades como en las urbanizaciones colindantes. Al parecer, este hecho representa una auténtica ruina para el sector, que actualmente arroja las siguientes cifras:

Las agencias que continúan funcionando no llegan a las veinte mil en todo el país, porque han cerrado el ochenta por ciento. Segundo dato: existe una caída de precios acumulada de un treinta por ciento y la obra nueva cifra un descenso del veinticuatro por ciento en los precios. Aún hay otro dato sumamente negativo: las casas de segunda mano han bajado en el treinta por ciento de su importe. Y las expectativas son todavía más funestas.

Y es patente que frente a la abundancia de urbanizaciones sin vender y otras muchas paralizadas en su construcción, gubernamentalmente se incita a fomentar el alquiler con protección para los alquiladores, sean particulares o empresas, dado que a los dos meses de impago se puede llevar a cabo el desahucio. Sí, con fecha veintiséis de marzo último, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictaba una sentencia que esclarece jurisprudencia respecto a una cuestión de tanta importancia social como los arrendamientos urbanos.

O sea, se tiende a crear un nuevo modelo inmobiliario basado en el alquiler, como se ha puesto de manifiesto en unas jornadas organizadas por la Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias. Celebradas días atrás en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, en ellas se concluyó que es básico un nuevo marco normativo en el que se conozcan los datos y se reduzcan "socks" para afrontar la gestión de activos y patrimonio.

Ante estos acuerdos, surge un largo interrogante: ¿dejarán los españoles de aspirar a tener casa en propiedad, para habituarse a vivir de alquiler, algo que desde hace muchos años había quedado en desuso, pese a que se mantuvieran los casos que confirman la excepción de la regla? La vivienda digna a la que constitucionalmente tienen derecho los españoles, puede ser en propiedad y en alquiler, pero se había llegado a la certeza de que en España, toda persona aspira a ser propietario de paredes y techo donde vivir. Cambiar de concepto sería un atraso social. Esperemos que no se confirme. Según Antonio Gala, "una casa es un lugar donde uno es esperado". Y ya lo dice el refrán: "como la casa de uno, ninguna".