El grupo Abengoa confirmó en las últimas horas del pasado miércoles que las conclusiones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), previas a que adopte una resolución definitiva, señalan que sus filiales no cumplen los requisitos para ser elegibles como beneficiarias de una ayuda conjunta de 249 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, así como que la compañía alegará para acreditar que sí pueden ser elegibles. Este rescate con ayuda pública lleva muchos meses encallado en la SEPI y parece difícil que ahora, en 48 horas, pueda resolverse de manera positiva. Es la única operación de las presentadas al citado fondo que se vincula a una oferta de un inversor, en este caso un comisionista estadounidense: Terramar Capital LLC. Dicho de otra forma, que el Gobierno acepte este esquema de rescate supone que un grupo, que sin duda es estratégico y merece ayuda pública para salvarse, deje de ser español, además, separándolo de su matriz mediante el uso de instrumentos de deuda convertibles en capital que están bajo investigación judicial, en una causa contra ex administradores del grupo. El rescate además, sigue la línea de los dos anteriores que investiga la Justicia, en el sentido de que sólo beneficia a un grupo de acreedores financieros. Haber planteado este modelo de rescate como la única vía posible se muestra ahora como un grave error si fracasa. Tiempo habrá de exigir responsabilidades a quienes no han permitido ninguna otra solución si se confirma la negativa de la SEPI. Lo relevante hoy es volver a decir que Abengoa es estratégica y debe sobrevivir, porque esa negativa no implica la inmediata liquidación, con un rescate centrado en salvar el negocio y los 8.700 empleos que aún conserva (2.500 en España; la mayoría, en Andalucía), ya que hay fórmulas para lograrlo dentro del marco de la ley concursal y como empresa española.