La Generalitat se ha volcado en la batalla de la comunicación y a juzgar por algunos editoriales de la prensa internacional de las últimas semanas ha conseguido algunos de sus objetivos. Ello ha sido fruto de una estrategia de años en la que han intentado manejar a su antojo los medios -con los públicos el descaro ha sido mayúsculo, pero también lo ha intentado con los privados- y que ahora, con la campaña del referéndum ilegal, ha traspasado todos los límites. Las autoridades catalanas ya no se conforman con monopolizar la información, sino que adoctrinan a los periodistas sobre cómo realizar su trabajo. Se cae en lo grotesco. Como denunció ayer la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), los informadores que quieran cubrir la información del referéndum tienen que abonar diez euros al día para acceder al centro de la empresa Mediapro. Esta transgresión grosera de la libertad de información (lo de menos son los diez euros, lo de más es su significado) viene precedida de la denuncia de Reporteros Sin Fronteras, que el pasado jueves publicó un informe demoledor sobre el acoso en redes sociales y las presiones del Gobierno de Puigdemont y sus socios hacia aquellos profesionales que intentan ejercen con libertad su labor.

Las quejas de los periodistas y corresponsales en Cataluña se refieren a las continuas presiones del Govern sobre la prensa extranjera y local -propias de un Estado totalitario-, unidas al hostigamiento de los hooligans del movimiento en las redes sociales contra periodistas críticos, y a la intimidación por parte de manifestantes contra los reporteros. En Cataluña, estos días, se ha ignorado el respeto al libre ejercicio del periodismo y eso es muy grave. Las ansias de los independentistas por imponer su relato han traspasado todas las líneas rojas.

En Cataluña se ha producido durante los últimos años uno de los fenómenos de manipulación informativa más intensos que se hayan dado nunca en España. La televisión autonómica ha actuado como catalizadora del independentismo y como principal arma mediática de las autoridades de la Generalitat. El resultado ha sido un lavado de cerebros masivo, del que las denuncias que se han conocido estos días contra el libre ejercicio de la libertad de expresión no son otra cosa que las lógicas consecuencias. Los profesionales catalanes y los medios reacios a las tesis independentistas han sido estigmatizados y se les han marginado en la financiación pública. En el campo de la libertad de información hemos asistido a un ejercicio totalitario que es un reflejo fiel de la forma de pensar y actuar de los que quieren imponer sus criterios al margen de la ley.