Nadie puede asombrarse al conocer cuáles son las verdaderas intenciones del primer ministro británico, Boris Johnson, -sacar al Reino Unido de la UE el 31 de octubre, con o sin acuerdo-, pero ahora sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar para conseguir que así sea. Con una medida que ha sido tachada de "atrocidad constitucional" por el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, Johnson ha conseguido dejar sin actividad el Parlamento entre el 9 de septiembre y el 14 de octubre, de modo que se blinda ante las posibilidades de que los parlamentarios aprobasen una ley para impedir un Brexit sin acuerdo. Lo ha hecho mediante la concesión de una amplia prórroga por parte de la reina Isabel II, cuando ya conocía las intenciones de los parlamentarios contrarios a esta salida abrupta. Con independencia de las consecuencias que esto pueda traer a la política interna británica, la Comisión Europea y los gobiernos de la Unión, incluido el español, deben prepararse para una salida a las bravas, sin acuerdo, para el 31 de octubre. Hay que subrayar, no obstante, la contradicción de los brexiter que querían desprenderse de Bruselas para que su Parlamento fuera libre de ataduras. Ya tiene otras. Se da por hecho que la Comisión y los gobiernos europeos mantendrán hasta el final su posición frente al Reino Unido; es decir, que la oferta sigue siendo la que se acordó con Theresa May, aunque no fue respaldada por el Parlamento británico. Johnson quiere llegar al Consejo Europeo del 19 de octubre con ese instrumento de chantaje, con la intención de forzar las voluntades. Esto no debe ocurrir, incluso en el caso de que su primer ministro amenace con marcharse sin pagar la factura que debe a Bruselas. Ya se recurrirá ante los tribunales. El impedimento del acuerdo -el que rechaza Johnson- sigue siendo el mecanismo por el que las dos Irlandas seguirían bajo la misma unión aduanera hasta que no hubiese un acuerdo superior. En estos momentos nadie sensato puede pensar en un apaciguamiento de Boris Johnson, por lo que sólo cabe estar preparado para unas semanas que pueden ser caóticas. En el caso andaluz, y a corto plazo, preocupa la situación en la que quedará la frontera de Gibraltar y la situación de miles de personas que cruzan a diario entre La Línea y el Peñón. No obstante, los parlamentarios británicos aún tienen un escaso margen de parar la salida abrupta, no ya con una ley, sino mediante la presentación de una moción de confianza o de censura en la Cámara o una toma de control parlamentario.