La localidad gaditana de Villaluenga del Rosario será la primera de España que contará con un cajero automático contratado por el propio Ayuntamiento y con el compromiso de compensar a la empresa que ha asumido la explotación si no se registran un mínimo de operaciones bancarias. Es la fórmula que ha encontrado el municipio para luchar contra otro problema en el que los principales afectados son las pequeñas poblaciones rurales: la exclusión financiera. La gran concentración por la que ha tenido que apostar el sector, golpeado durante los años de la crisis económica, ha provocado el cierre de miles de sucursales bancarias. Las pequeñas poblaciones han sido las más perjudicadas por estas medidas y Andalucía no es, desde luego, la excepción. La decisión del Consistorio del municipio gaditano debe mover a la reflexión. Lógicamente no se le puede exigir a las empresas financieras que mantengan unos servicios que carecen de rentabilidad. Al menos de forma individual. Porque quizá una iniciativa conjunta sí podría explorarse y, en este sentido, la Administración puede jugar un papel necesario de mediador. Lo que sí parece fuera de toda duda es que no es una solución viable dejar en manos del ingenio o la capacidad de persuasión de los alcaldes de los pueblos pequeños está lucha por ofrecer una calidad de vida similar a la que disfrutan los vecinos de las ciudades. Las entidades bancarias, en general, han optado por potenciar la figura del agente financiero, un profesional ajeno que representa sus intereses en áreas donde carecen de oficina. Pero el problema que hay que afrontar es distinto y de un alcance social fuera de toda duda. El simple hecho de que sea necesario desplazarse a otra población cercana para poder obtener dinero físico supone un freno para potenciar cualquier actividad económica. También para la vida cotidiana de los habitantes que residen en estas áreas rurales, en general de avanzada edad. Un informe publicado el pasado mes de marzo, con datos del Instituto Nacional de Estadística, ya advertía de que los pueblos rurales andaluces habían perdido 168.000 habitantes en el periodo 2008-2018. Una tendencia de la que no se libra provincia alguna, pero que es más acusada en Jaén, Córdoba y Granada. El éxodo es superior en los municipios de montaña y en los dependientes de la agricultura de secano. Son necesarios planes coordinados con la participación del mayor número de actores para afrontar este desafío de forma transversal. El tiempo no puede ser la magnitud con derecho a dictar su sentencia contra el interior de Andalucía.