El Gobierno central y la Junta de Andalucía se han cruzado una treintena de recursos en el Tribunal Constitucional (TC) desde que Mariano Rajoy es presidente. El Alto Tribunal ha dado la razón 16 veces al Estado frente a sólo cuatro al Ejecutivo autonómico, estando algunos recursos pendientes. Pero, con independencia de quién haya tenido más sentencias favorables o en contra, llama la atención el elevado número de casos que ambas Administraciones Públicas han llevado al Constitucional, como si éste fuese el terreno en el que dirimir sus disputas, en muchos casos de claro signo político, ya que no hay más que comprobar que cuando cambia el Gobierno de Madrid suele cambiar la estrategia jurídica desde Andalucía. El Tribunal Constitucional está para otras cosas. Lo ha dejado claro ya en alguna ocasión, como en el fallo del contencioso por los repartos de puestos en la Mesa del Parlamento, en el que señalaba textualmente que "desde la limitada perspectiva de control que puede desarrollar este Tribunal en esta jurisdicción de amparo parlamentario, con respecto a la autonomía de la Cámara en el ejercicio de sus funciones de interpretación de su propia normativa, hay que concluir que no nos corresponde determinar cuál sea la solución más adecuada en cuanto al procedimiento de elección de los miembros de la Mesa". Y es que a menudo los partidos políticos olvidan que el TC está para realizar un control de la constitucionalidad y resolver cuestiones directamente relacionadas con lo establecido en nuestra Carta Magna y no para batallas y peleas políticas como la anteriormente referida, cuya solución deriva del reglamento de una cámara autonómica, en este caso la andaluza. Además de hacer perder el tiempo a un órgano que no está para eso, consumiendo recursos públicos necesarios para asuntos más importantes, quienes utilizan esta instancia para tratar de derribar al contrario ponen de manifiesto su deficiente capacidad de acuerdo y consenso. En nuestro país se echa en falta una mayor colaboración entre las Administraciones Públicas con independencia de las manos políticas en las que estén. Uno de los escasos ejemplos que hemos tenido de ello ha sido el reciente incendio en el parque natural de Doñana, en el que la colaboración y coordinación entre las diferentes Administraciones fueron decisivas para una rápida intervención que evitó males mayores. No deberían hacer falta desgracias como ésta para que los responsables de los gobiernos se pongan de acuerdo. Tampoco debería ser noticia, pero lamentablemente lo es. Los ciudadanos agradecerían un mayor consenso y menos disputas en los tribunales. O, como suele decirse, mejor un mal arreglo que un buen pleito.