La sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Sevilla acaba de fallar que la Junta andaluza vulneró con claridad toda la normativa de selección del personal de las administraciones públicas al realizar los denominados contratos exprés, convocados para incorporar trabajadores con motivo de la situación excepcional creada por la pandemia de Covid-19. No se trata de una cuestión menor. Al contrario, supone un serio aviso para el Gobierno autonómico, que no puede obviar la resolución judicial, que es de una contundencia que ha de ser tenida en cuenta, por más que todavía no sea firme y cabe recurrirla en casación ante el Tribunal Supremo. El fallo de los magistrados del TSJA no deja lugar al equívoco al confirmar otro previo del Juzgado número 9 de lo Contencioso de los de Sevilla. Este juzgado fue el primero de los diez que se pronunciaron sobre las convocatorias de plazas de empleo público realizadas desde la Junta -todos declararon la nulidad- y el más duro en sus argumentos, al afirmar que hubo una "vulneración evidente, notoria e incluso grosera" del derecho a acceder a la función pública. El TSJA ratifica lo esencial de ese fallo -y es previsible que haga lo propio con los otros nueve también recurridos- y afirma que la urgencia por la "excepcional situación" derivada de la pandemia originada por el coronavirus "no elude la necesidad constitucional de observar en la convocatoria y el desarrollo de estos procesos selectivos los principios constitucionales y los derechos fundamentales". En el caso que nos ocupa, que se respetasen la igualdad, el mérito y la capacidad para acceder a la función pública, de lo que hubo "completa ausencia", según el Tribunal. Critica además que el criterio fuese el orden de llegada de las solicitudes a un correo electrónico. Los magistrados le recuerdan a la Junta que era "posible establecer un proceso selectivo que respetase los principios de mérito y capacidad" sin que ello supusiera "un retraso en la cobertura inmediata de los puestos". La Junta haría bien en tomar nota, pedir disculpas y rectificar este proceder, sobre todo cuando esgrime el respeto a la legalidad para negarse a actuar y se compara con los casos que afectan a los ejecutivos predecesores.