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La amnistía, en manos del Constitucional
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Juanma Moreno esperará a las elecciones del 28 de mayo para comprobar si es posible negociar la ley de regadíos de Doñana. Es lo mejor que puede hacer para salir de un atolladero en que se ha metido su Gobierno sin haber calculado las consecuencias y que ha costado al presidente andaluz su revés político más serio desde que accedió al cargo. Moreno parece girar en su estrategia e intenta rebajar una presión que se hace insoportable. También gana un tiempo precioso que le permitirá reconsiderar aspectos sustanciales de lo que la Junta pretende hacer para mejorar las condiciones de la agricultura intensiva en la corona norte del Parque sin alterar los difíciles equilibrios medioambientales de Doñana. Si finalmente retira la propuesta, como le exige el Gobierno de la nación y hasta cierto punto la Unión Europa, o sigue adelante con ella modificándola por vía de enmiendas es algo que el presidente de la Junta decidirá sin la carga añadida que supone una convocatoria electoral inminente. Es una decisión prudente desde el punto de vista de la gestión, una vez que la Junta había comprobado que sus intentos de desvincular la proposición de ley de la alarmante situación del principal humedal de Europa habían cosechado un sonoro fracaso. Tanto Bruselas como los más reputados científicos implicados en la defensa de Doñana habían arremetido contra las medidas que pretendía poner en marcha el Gobierno andaluz. Mantener la tramitación de la proposición de ley en sus mismos términos sólo complicará aún más la situación del Ejecutivo autonómico. Se abre ahora la posibilidad de que el Gobierno central y la Junta establezcan una negociación seria y rigurosa alejada de las urgencias políticas. Es evidente que hay que saber conjugar los diferentes intereses en juego y que defender Doñana es una prioridad absoluta. Y lo es tanto para la Junta como para el resto de las partes implicadas.
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