Entre los errores que está cometiendo el Gobierno en esta pandemia del coronavirus destaca el de la comunicación y el diálogo. Tanto la oposición política como las comunidades autónomas o los sectores económicos afectados se quejan continuamente (y cada vez de forma más estruendosa) de que el Gobierno central toma las decisiones sin apenas informarles, por lo que se tienen que enterar de asuntos que les conciernen "por la prensa". Entra dentro de lo estrictamente normal y legal que el Ejecutivo, ante una situación tan grave como la que está viviendo el mundo y el país, haya decretado un estado de alarma que le da un poder y capacidad de gestión verdaderamente extraordinarios. Para eso la Constitución contempla la figura del estado de alarma en el que nos encontramos desde hace ya más de cuarenta días. Pero eso no significa que el Gobierno actúe ignorando o desdeñando las opiniones de los ciudadanos y de las asociaciones que los representan. En general, sería deseable que se dedicasen menos esfuerzos a discursos retóricos e interminables y se aplicasen más energías en mantener abierta la comunicación no sólo con las fuerzas políticas y los territorios, sino también con las organizaciones empresariales y sindicales, que tienen mucho que opinar y aportar a la búsqueda de soluciones a la crisis que se avecina.

En las últimas horas hemos visto un ejemplo muy claro de lo que decimos con el gremio de la hostelería, uno de los más importantes en la economía del país. A nadie se le escapa que bares y restaurantes se verán muy afectados con esa "nueva normalidad" que se anuncia, ya que su negocio es poco compatible con el llamado "distanciamiento social". Difícilmente la patronal de este sector puede estar de acuerdo con unas medidas que siempre estarán enfocadas a reducir su capacidad de clientela, al menos de forma presencial. Sin embargo, el Gobierno podría haber mostrado su disposición al diálogo para, dentro de lo posible, buscar medidas que pudiesen compatibilizar la lucha contra el coronavirus y la viabilidad de los negocios. No ha sido así y lo que se ha observado es un incomprensible desdén por las opiniones de los hosteleros. Como era de esperar, el enfado en las asociaciones de hostelería de toda España es absoluto.

El Gobierno debe abandonar cuanto antes esta actitud y comprender que, sin que nadie ponga en duda la legalidad de sus actuaciones, tiene que abrir cuanto antes un diálogo con los sectores más afectados por el desescalamiento.