España se enfrenta a una situación sin precedentes que ha motivado no sólo que se decrete el estado de alarma por segunda vez en la democracia, sino que ha impuesto las mayores restricciones a la población que se recuerdan para conseguir, entre todos, erradicar el contagio del coronavirus y recuperar la vida normal de un Estado de Derecho. Ese entre todos quedó ayer enmarcado en una cita sin precedentes, como muchas de las cosas que estamos viviendo por esta pandemia, la primera Conferencia de Presidentes virtual. Por multivideoconferencia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comprometió a los presidentes de las diecisiete autonomías y las dos ciudades autónomas para que respaldasen la declaración de estado de alarma y expresaran un compromiso claro con la unidad de acción, que es imprescindible para poder atajar en el menor tiempo posible la alerta sanitaria global, disminuir el número de afectados, particularmente el de fallecidos, y aminorar todo lo posible las terribles consecuencias que cerrar en la práctica el país va a provocar al tejido productivo español. Entendemos que este compromiso era inexcusable para quienes ejercen el autogobierno que emana de la Constitución en cada uno de los territorios y es plausible que se haya producido, pese a que Sánchez, en las cuatro horas que duró la cita telemática, cosechó un buen número de críticas desde cada una de las autonomías. Los recelos más importantes versaron por la supuesta invasión de competencias que supone haber decretado la autoridad única, que vinieron desde las dos autonomías que tienen un presidente nacionalista, Cataluña y Euskadi. Pero España no puede permitirse fragmentar la gestión de esta crisis vírica, con 20 autoridades distintas. Los separatistas, al menos esta vez, han asumido su responsabilidad y garantizarán el cumplimiento desde la lealtad. Fueron recurrentes las críticas también al hecho de que aún no se hayan tomado medidas para abordar la terrorífica repercusión económica que va a provocar el Covid-19, una petición de acción que también elevaron al Gobierno de Sánchez distintas organizaciones del mundo económico, entre ellas las patronales CEOE y Cepyme. Son los dos vectores en los que la respuesta debe ser célere y eficaz, el sanitario y el económico, para intentar que esta crisis de salud no desemboque en una recesión que destruya empleo y aminore la renta y la riqueza de los españoles. El Gobierno central, por su parte, debe administrar con inteligencia y eficacia la lealtad demostrada por los gobiernos autonómicos para lograr vencer la pandemia y proteger con el mínimo daño posible la salud y la economía españolas.