La escalada de los precios no encuentra techo. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer ayer un crecimiento del IPC del 6,7% durante el último mes de 2021 en tasa anual. Esta cifra supone el máximo de incremento de este indicador en tres décadas. El dato consolida una tendencia que empezó en marzo y que desde entonces se ha convertido en uno de los principales condicionantes de una situación económica que todavía padece las consecuencias provocadas por la pandemia. La inflación descontrolada, no cabe aplicar otro calificativo a lo que está ocurriendo en España, compromete gravemente las expectativas de recuperación. Pero sobre todo esta situación conlleva unos duros costes sociales que las clases medidas y populares del país ya están empezando a acusar. En el origen de este fenómeno está el desmesurado aumento del precio de la luz y del resto de las fuentes energéticas, en especial del gas natural en los mercados internacionales. Este incremento se ha trasladado a los alimentos, como se ha visto en la cesta de la compra de estas navidades, y otros productos de primera necesidad. El año va a empezar condicionado por esta escalada inflacionista y por el repunte de casos de coronavirus provocado por la variante ómicron. Estas circunstancias van a hacer más difícil de lo que en principio se pronosticaba que la economía española, y la andaluza de forma acusada, dejen atrás los efectos de la crisis sobrevenida en la primavera de 2020, cuando el coronavirus supuso una paralización casi total de la actividad. Los principales servicios de estudios, entre ellos el del Banco de España, y las grandes instituciones financieras, como el Fondo Monetario Internacional, han advertido durante los últimos meses que las expectativas optimistas del Gobierno había que corregirlas a la baja. El dato de inflación que se conoció ayer viene a ensombrecer aún más el panorama. El año termina con datos muy negativos y el horizonte para el que se inicia este sábado aparece extraordinariamente complicado.