Gracias a las presiones de la Junta de Andalucía, el Gobierno de España ha decidido destinar 40 millones de euros para las comunidades autónomas que, voluntariamente, se presten a acoger menores extranjeros no acompañados (MENA), tal como anunció ayer la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, tras la reunión de la Mesa de Coordinación Interautonómica de MENA. Estamos hablando de un problema que afecta gravemente a nuestra comunidad, cuya condición de frontera con África la convierte, junto a Ceuta y Melilla, en el territorio español más afectado por las últimas oleadas de inmigración irregular, fenómeno que está viviendo un verano especialmente caliente. Como ya se ha avisado desde la Junta, los servicios sociales andaluces para la atención de estos menores están prácticamente desbordados y es urgente que, cuanto antes, se empiecen a tomar medidas para aliviar la situación. En este sentido, la medida anunciada ayer por el Gobierno central va en la buena dirección, porque estimula la solidaridad de otros territorios que apenas se ven afectados directamente por el drama de los MENA. Todas aquellas regiones que durante la crisis del Aquarius mostraron su interés por acoger inmigrantes irregulares tendrán ahora una magnífica oportunidad para ejercer la solidaridad. No obstante, más allá del resultado de la Mesa de Coordinación Interautonómica de MENA, hay que hacer una reflexión sobre qué administraciones o territorios son los obligados a asumir la responsabilidad en la atención de los inmigrantes irregulares, sean menores o no. Evidentemente, Andalucía lo está al ser su territorio el primer destino de estas personas. Sin embargo, es palpable que la inmigración es un problema que supera con mucho las posibilidades de la política autonómica. Ante todo, hablamos de una cuestión de alcance estatal y europeo, por lo que las responsabilidades del Gobierno central y de Bruselas son ineludibles. El Ejecutivo hace bien en darle carácter voluntario a su propuesta a las comunidades autónomas, pero si la respuesta es tibia tendrá que recordar la obligación de todas las administraciones de arrimar el hombro en un asunto que compete a todos. Los servicios sociales andaluces no pueden seguir soportando la actual presión y es hora de que todos, al sur y al norte de los Pirineos, recuerden cuáles son sus obligaciones humanitarias.