Alberto Núñez Feijóo eludió el sábado la fotografía con Vox en la manifestación celebrada en Madrid contra las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y en demanda de elecciones inmediatas. En un ejercicio de calculada ambigüedad, el PP compartió los objetivos de una protesta que iba a ser patrimonializada, de una u otra forma, por el partido de Santiago Abascal, pero marcó distancias enviando una representación de tercer nivel. Ayer, en Cádiz, presentó una batería de medidas con el denominador común de la regeneración democrática, con las que encara la campaña para las elecciones del próximo 28 de mayo. Una de las principales tiene también como destinatario a Vox: un compromiso de los partidos para que sea el más votado el que acceda al Gobierno. Con ella, el líder del PP quiere quitarse de encima en las vísperas electorales la presión de que los posibles acuerdos con Vox en autonomías y ayuntamientos monopolicen la campaña. El empeño no parece que vaya a tener mucho recorrido. En España, la aritmética parlamentaria ha sido decisiva a la hora de conformar gobiernos y de ello se han beneficiado los dos grandes partidos sistémicos. Incluso la mala aplicación del juego de mayorías hundió para siempre a Ciudadanos como partido bisagra, papel en el que podría haber tenido una gran cuota de poder y de influencia. Hace bien Feijóo en apartarse todo lo que pueda de Vox y en dejar claro que no son lo mismo ni comparte el mismo modelo de sociedad. La reciente crisis en Castilla y León es ilustrativa de los problemas que conlleva una convivencia forzada y la gestión de Juanma Moreno en Andalucía es un ejemplo de lo contrario. Pero se corre el riesgo de dar una importancia excesiva a la formación de la derecha más radicalizada y convertirla en el centro de todos los debates. Vox tiene un determinado respaldo electoral y representa a un sector muy determinado de la ciudadanía. Pero no puede condicionar todas las estrategias que ponga en marcha el PP.