El PSOE vuelve a amenazar con la reforma del CGPJ

PESE a las reticencias de Europa y a la oposición de buena parte de la opinión pública y de la carrera judicial, el PSOE ha vuelto a amenazar con una reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si no hay acuerdo para su renovación con el PP, que por su parte pide la retirada definitiva de esta iniciativa. El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, aprovechó en su día la fracasada moción de censura de Vox para, amparándose en el tono moderado exhibido en su discurso por el presidente del PP, Pablo Casado, asegurar que iba a frenar dicha reforma, que rebaja la mayoría necesaria para elegir a los componentes del órgano que dirige el Poder Judicial. Sin embargo, era de dominio público que las trabas puestas por la Unión Europea a una reforma claramente iliberal, que supone una inaceptable intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial, habían aconsejado a Sánchez pararla, entre otras cosas porque España se jugaban las sustanciosas ayudas de la UE para superar la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. Ahora, en unos momentos en que la presión de Polonia y Hungría -dos países gobernados por partidos populistas de derechas- podría rebajar las exigencias de transparencia democrática exigidas por la UE para recibir dichas ayudas económicas, el Partido Socialista, cada vez más escorado al populismo de izquierdas, vuelve a amenazar con la inminencia de una reforma que pondrá en pie de guerra no sólo a la carrera judicial, sino a una parte no despreciable de la opinión pública. Por su parte, el PP se escuda en el pacto alcanzado por el Gobierno con Bildu respecto a los Presupuestos Generales del Estado para frenar otra vez la renovación del CGPJ, que lleva ya dos años en una incomprensible interinidad. Sería deseable que el PP comprendiese que es necesario encapsular el problema del CGPJ y llegar a un acuerdo definitivo sobre un órgano tan importante para nuestro sistema. Por su parte, el Gobierno debe renunciar a una legislación en caliente y claramente antidemocrática.

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