LA futura Ley de Participación Ciudadana avanza con paso firme tras la aprobación del proyecto por parte del Consejo de Gobierno en días pasados. La nueva norma ya ha sido adaptada a la doctrina del Tribunal Constitucional y las consultas populares, que no serán vinculantes, se limitarán a partir de ahora a áreas que son competencia de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos, para evitar malos entendidos. También contemplará, entre otras novedades y mecanismos que fomentarán la democracia directa, que los mayores de 16 años puedan participar en las consultas, lo cual está muy bien para que los más jóvenes tomen conciencia de sus decisiones políticas.

En esta nueva era de la comunicación y la interacción, cualquier iniciativa que aliente el debate ciudadano y el compromiso con lo público hay que celebrarla, pero siempre que estas consultas, como está previsto, no sean vinculantes y toda vez que se elijan con buen criterio los asuntos que se vayan a someter a la deliberación participativa. En las actuales circunstancias, preguntar a la ciudadanía sobre si apuesta por una playa exclusiva para perros o por cualquier tema que tenga que ver con la diversión, la juerga y el folclore aleja a cualquier ciudad de la posibilidad de aparecer como una sociedad dinámica que lucha para despegarse de niveles de paro tercermundistas o que aspira a tener una industria digna de ser tenida muy en cuenta. Necesitamos captar inversiones y necesitamos atraer talento y esto no se consigue al banalizar la democracia con asuntos de menor enjundia. Lo mismo ocurriría si se abusa de la consulta popular para escurrir el bulto y, a la postre, descargar sobre el ciudadano una responsabilidad que ha de asumir la clase política. Los dirigentes de turno no pueden caer en la tentación de apelar a la opinión ciudadana para gestionar los recursos públicos y poner en marcha sus políticas a cada instante para, en caso de llegar a buen puerto la iniciativa, ponerse la medalla y, en caso contrario, señalar con el dedo a los ciudadanos por su error en el diagnóstico.

Las sociedades que presumen de contar con las democracias más avanzadas hacen bien en dar pasos a fin de animar el debate ciudadano sobre las políticas públicas. Es más, cada vez son más las instituciones que convocan a los ciudadanos para que elijan las prioridades a la hora de elaborar sus presupuestos. Lo que no conviene es pervertir el espíritu de una ley que ha de implicar al ciudadano en la elaboración de las normas que le atañen, pero que en ningún caso puede asumir una responsabilidad que corresponde a los que ejercen el poder.