El decreto ley aprobado ayer por la Junta de Andalucía, por el que se abre la puerta para la regularización de 327.583 viviendas ilegales en Andalucía, es básicamente un error. Aunque el Ejecutivo se apresuró ayer a decir que no se trata de una "amnistía", porque no se podrán acoger al mismo los inmuebles construidos en "suelos de especial protección" contemplados en los PGOU (como los cauces secos de ríos y arroyos, por ejemplo), lo cierto es que este decreto ley no deja de ser un premio para aquellos que ignoraron de forma consciente y repetida los planeamientos de los municipios, colaborando activamente en la creación de un urbanismo de corte tercermundista que es un gran problema para Andalucía y que es inconcebible en otras zonas de España y Europa.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, puede argumentar, como hizo ayer, que este decreto, que entrará hoy en vigor, "pone fin a años de caos jurídico y urbanístico", pero no que solucionará un problema en el que han colaborado la nula conciencia urbanística de muchos ciudadanos y constructores y la inacción (muchas veces por motivos electoralistas) de un buen número de alcaldes. Lo cierto es que los gobiernos socialistas ya probaron más de una vez las regularizaciones masivas de construcciones ilegales, sin que el problema, como parece evidente, se haya solucionado. No sabemos por qué la consejera Carazo piensa que, esta vez, todo va a ser diferente.

Se quiera o no, el mensaje que se lanza a la ciudadanía es que las normas urbanísticas no son de cumplimiento obligado. El resultado son esos cientos de urbanizaciones y casas sin ley que, en materia de urbanismo, nos equipara con países que no están, precisamente, a la cabeza del mundo civilizado. Este problema, aunque afecta a todo el territorio de la comunidad autónoma, se concentra sobre todo en las provincias de Málaga y Almería, especialmente a las zonas de la Axarquía y del Valle del Almanzora.

Según la Junta, el decreto ley será derogado tan pronto como sea aprobada la futura Ley de Urbanismo y Suelo. Habrá que esperar a la presentación de dicho texto para poder tener una opinión sobre el mismo, pero parece claro que la medida aprobada ahora por el Gobierno andaluz sacrifica el rigor y tiene un tufo al que calificaríamos de populista si esta palabra, en los últimos tiempos, no se hubiese cargado de las connotaciones extremadamente negativas que lo ha hecho. La Junta debería saber que todas las normas, también las urbanísticas, están para cumplirse, y que una de las funciones de las administraciones es garantizar que así sea.