Tras diez años captando el interés mediático, el próximo martes se conocerá al fin la sentencia de la pieza principal de los ERE, que determinará si la cúpula del Gobierno socialista andaluz diseñó una trama clientelar para perpetuarse en el poder. Según la Fiscalía Anticorrupción, la Junta repartió, entre los años 2000 y 2010, casi 800 millones de euros de forma opaca y sin control en ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis. No hay duda de que estamos ante el que es el juicio más importante de nuestra comunidad autónoma en sus casi cuarenta años de existencia. No en vano se han sentado en el banquillo 21 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y los ex consejeros Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo. Todos ellos ya han depurado sus responsabilidades políticas saliendo de la vida pública e, incluso, el partido al que pertenecían, el PSOE, ha sido desalojado del poder después de décadas gobernando. Si finalmente han sido culpables o no de un delito es decisión de los jueces y lo sabremos el martes, pero sí hay que destacar, una vez más, la llamativa lentitud de la Justicia. Durante una década, Andalucía ha vuelto a estar continuamente en la picota mediática con titulares y comentarios que han abundado en el tópico de una tierra subsidiada y corrupta. Asimismo, en este caso, los magistrados han dado un lamentable y público espectáculo, con luchas internas de oscuro trasfondo, que han proyectado a la ciudadanía la imagen de una Justicia parcial y politizada. Urge una autocrítica. Pero ante todo, el caso de los ERE debe servir para que, a partir de ahora, la Administración se esfuerce en el exhaustivo control del destino de los fondos públicos. Haya responsabilidades penales o no, es evidente el descontrol que reinó en este asunto.