La burocracia es, muchas veces, un mal necesario para controlar el buen uso del dinero público, pero es evidente que un abuso de ésta puede llegar a convertirse en una auténtica traba para el dinamismo la economía y la sociedad en general. Es por ello que el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos se comprometió, desde su llegada al Palacio de San Telmo, a simplificar en lo posible los trámites y normas burocráticas con el objetivo de ahorrar a las empresas los elevados recursos humanos y materiales que tienen que dedicar para poder navegar por la densa maraña burocrática andaluza. Ayer, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, presentó un nuevo decreto de simplificación - el tercero dedicado a reducir trabas- en un acto en el que le acompañó buena parte de la cúpula empresarial andaluza, que será una de las principales beneficiadas con esta medida. Más allá del evidente tono propagandístico del acto, lo cierto es que no se puede más que aplaudir toda iniciativa que vaya encaminada a agilizar la actividad empresarial, lo cual se tiene que traducir forzosamente en una mayor generación de empleo y riqueza. Según el Ejecutivo, desde su formación, ya se han simplificado un centenar de normas y 400 trámites. Ahora, queda que el Parlamento andaluz valide dicho decreto ley de simplificación, algo que con el actual panorama político, en el que los partidos ya se están situando en un escenario preelectoral, puede complicársele al Ejecutivo. En este sentido, hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad de todas las formaciones para que den luz verde a una iniciativa que, independientemente de que pueda ser perfectible, es positiva para nuestra economía. Asimismo, habría que animar a los mismos partidos a, sea quien sea el que gane las próximas elecciones autonómicas en Andalucía, siga esta senda que debe alcanzar a todos los rincones de una burocracia que muchas veces se ha convertido en un lastre para nuestra tierra.