No ha sido fácil. Casi cinco días han tardado los jefes de los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea (UE) en lograr limar sus profundas diferencias sobre la propuesta de la Comisión y el Consejo para ayudar a los países más afectados por la pandemia y reactivar la economía europea, que sufrirá este año un duro correctivo por las medidas impuestas para luchar contra el coronavirus. Pero finalmente, llegaron a un acuerdo que -esta vez sin lugar a dudas- puede calificarse de histórico, y que abre una nueva era en la propia UE. Lo es, en primer lugar, por la cuantía del fondo de recuperación, que ha logrado mantenerse en los 750.000 millones que inicialmente propusieron la CE y el Consejo. No es poco, porque los países denominados frugales, por su austeridad, pretendieron rebajarlo hasta en 50.000 millones. Aunque la cuantía sin precedente se mantiene, sí cambia el reparto entre los estados miembros. Inicialmente las ayudas directas a fondo perdido se cifraron en 500.000 millones, con lo que los 250.000 millones restantes se prestaban a crédito. Finalmente, las subvenciones que no habrá que devolver serán de 390.000 millones, y los préstamos 360.000 millones. También es histórico porque el dinero se financiará por primera vez con deuda emitida directamente por la propia Unión. España, que estaba alineada con los grandes países que defendían la propuesta inicial, está satisfecha y estima que recibirá 140.000 millones, de los que 72.000 serán a fondo perdido y 68.000 a crédito. Es un buen resultado y por tanto sólo puede calificarse el mismo como un éxito, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparó incluso con la consecución de los fondos de cohesión. Los socios europeos pactaron además la cuantía del presupuesto comunitario, que dejan en 1.074 millones para el periodo 2021-2027. Desde Andalucía se han alzado ya voces para señalar que con esa dotación, una de las principales patas que afecta a la comunidad, la financiación agraria, se resentirá. Así lo aseguran varias asociaciones agrarias y la propia Junta, que calcula un recorte del 10%, algo que el Gobierno central niega porque asegura que se compensa con los fondos extraordinarios. Que así sea es una cuestión vital para nuestra agricultura.