La UE contra la corrupción

La Comisión Europea acaba de elaborar una propuesta de directiva con la que pretende armonizar entre los Veintisiete las penas que deben aplicarse a los distintos delitos que conforman la corrupción: sobornos, malversación, tráfico de influencias, abuso de poder, obstrucción de la justicia y enriquecimiento ilícito. Una iniciativa que inicia su tramitación cuando aún no se han sofocado las secuelas del incendio que provocó el caso Qatargate, la investigación judicial por los pagos a figuras de la Eurocámara para mejorar la imagen del país árabe y que se saldó con la detención, entre otros, de una de las vicepresidentas del Parlamento europeo. Un asunto con posibles ramificaciones con Marruecos y Mauritania que ha causado un enorme desprestigio a la política europea. El espíritu de la futura norma colisiona de pleno con la reforma que hace medio año aprobó España, a iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez, en la que se rebajaron las condenas en delitos de malversación siempre que los autores no se lucrasen personalmente con la práctica ilegal. Europa camina, sin embargo, en la dirección contraria. No discrimina si existe o no beneficio personal para el delincuente y apuesta por que las penas máximas nunca sean inferiores a cinco años de cárcel, hasta dos más que aquí. La tramitación se prevé larga y compleja, al requerir la aprobación de la Cámara y también la unanimidad de los ministros del ramo en el Consejo de la UE, pero resulta paradójico que transite en sentido contrario al de la última reforma de la legislación española. Más aún cuando uno de los falaces argumentos que se esgrimieron entonces era justo el de buscar la armonización con la Unión Europea. Habrá que esperar la enésima pirueta de Pedro Sánchez para sortear esta contradicción. A España, al frente del Consejo de la UE desde el 1 de julio, casualmente es a la que corresponderá moderar este debate para combatir mejor la corrupción. Y sin rebajas.