La vacunación es el arma más eficaz para contener los inmensos daños causados por el Covid-19, pero ni mucho menos ha sido, como se le vendió con frivolidad a la opinión pública, la panacea que nos iba a alejar para siempre de una pandemia que ha provocado muerte, sufrimiento y ruina económica en todo el mundo. Éste es el sucinto balance que cabe hacer un año después de que se administraran las primeras dosis. Hay motivos para sentirse satisfechos del ritmo que consiguieron imprimir las autoridades sanitarias y también, de forma muy destacada, del alto nivel de concienciación y disciplina social que demostró la ciudadanía española. En doce meses se ha inmunizado todo el que ha querido, incluso ya con dosis de refuerzo en una parte importante de la población más expuesta. Los índices de vacunación se acercan al 90% de la población diana, lo que supone que en España se han administrado por encima de los ochenta millones de inyecciones y en Andalucía del orden de los quince millones. Los índices de vacunación en el país están muy por encima de los que se han registrado en otros de nuestro entorno y aquí el rechazo se ha limitado a posturas personalistas y muy minoritarias. Pero la vacunación no ha servido para controlar la extensión de la pandemia, que estos días vuelve a estar desbocada, aunque gracias a ella los hospitales y las UCI no se han desbordado como ocurrió el año pasado y el número de fallecimientos no está en los niveles tan estremecedores que hemos vivido en otros momentos de esta interminable crisis. La evolución de contagios desde que apareció la variante ómicron demuestra que la vacuna por sí sola no es suficiente para contener la infección y que hacen falta medidas complementarias, por poco oportunas que puedan parecer. Y que el optimismo desmedido, tan propio de los políticos, y las apelaciones a conceptos erróneos como el de la inmunidad de grupo es la peor receta para hacer frente a una situación tan complicada como ésta.