Vuelta al colegio con seguridad, pero sin certezas

El debate central no puede girar sobre las mascarillas. Es más importante definir qué parte de las materias hay que impartir sí o sí en este nuevo curso

El Gobierno y las autonomías, con la abstención del País Vasco, han alcanzado finalmente un deseable acuerdo para regular la vuelta "presencial" al colegio en septiembre. Un pacto que, en teoría, debe servir para despejar sustancialmente la incertidumbre que ha ido creciendo en las últimas semanas en el sector educativo y en los padres de los alumnos, a medida que aumentan los contagios por coronavirus. Es evidente que la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha reaccionado tarde a la demanda urgente de esta cita para unificar criterios, pero también que la mayoría de las 29 medidas y las cinco recomendaciones pactadas no difieren sustancialmente de las que figuraban en el protocolo que ya se diseñó en julio. Aunque ahora sí parece más despejado el panorama para graduar las actuaciones ante las distintas casuísticas que puedan registrarse con los contagios. Las comunidades autónomas son las competentes para gestionar este regreso a las aulas con seguridad, pero sin certezas. La pandemia ha demostrado que no evoluciona de forma homogénea en todos los territorios. No hay una receta única para combatirla. La experiencia de otros países que ya han comenzado el curso escolar puede ser importante para anticiparse. El marco general es diáfano y debería estar listo a estas alturas: trabajar con los estudiantes en grupos lo más reducidos posible para limitar las consecuencias de los brotes. Incluso si hay que emplear cualquier espacio disponible en los centros educativos o, si fuera necesario, buscar otros alternativos. Contar con un número de docentes adecuado para afrontar este nuevo escenario y extremar la limpieza. A estas cuestiones, la Consejería de Educación de la Junta debería responder afirmativamente. El debate central no pude girar sobre el uso o no de mascarillas si hay metro y medio entre dos alumnos. Es más importante establecer qué parte de las materias hay que impartir sí o sí para que en ninguna circunstancia un alumno sume un segundo año con un déficit de conocimientos que puedan lastrarle en el futuro. Y, en ese sentido, la Administración debe volcarse con los menores en situación de riesgo social para limitar esa brecha.

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