Desde el primer segundo de hoy domingo España ha dejado de estar en estado de alarma, la figura jurídica empleada por el Gobierno para poder luchar contra la pandemia del Covid-19 con restricciones nunca vistas antes en democracia. Acaban 98 días en estado de alarma, pero no el riesgo que genera la enfermedad. No existe todavía un tratamiento para el coronavirus -aunque haya algunos medicamentos efectivos en los casos graves- , ni mucho menos una vacuna que evite desarrollar los síntomas mortales, que han acabado oficialmente con 28.332 vidas en España, una cifra recién actualizada por el propio Ejecutivo al tiempo que admite que puede ser incorrecta. Según los datos de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística (INE) hay un exceso de 48.000 muertes en los meses que dura la pandemia y el propio responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón, reconoce que hay 13.000 fallecidos que aún no sabe dónde ubicar. Por tanto, la primera reflexión al dejar atrás el estado de alarma es que no se puede bajar la guardia. Hay que seguir cumpliendo con las exigencias de distancia social y medidas sanitarias -mascarillas, geles desinfectantes...- para asegurar que el contagio masivo, contenido con sacrificio en el ejercicio de derechos y graves consecuencias económicas y sociales, siga evitándose. Salvar vidas aún es la prioridad, por más que a partir de ahora haya que redoblar los esfuerzos por conseguir que los efectos de la pandemia en la economía y la sociedad españolas no sean mucho peores que el trágico balance de más de 40.000 muertes. Salvar empresas y empleos ha de ser un objetivo igualmente prioritario. El estado de alarma es sólo un instrumento jurídico y, en general, ha sido útil para contener al Covid-19, más allá de que el Gobierno actuase con imprevisión e improvisación. La factura sanitaria y económica ya es bastante alta, es momento de unir esfuerzos para evitar que siga creciendo.