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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que la Dirección General de Tráfico tiene en estudio una bajada de la tasa de alcohol permitida en la conducción de vehículos. Los argumentos expuestos por el ministro parecen indiscutibles: la ingesta de bebidas alcohólicas o de drogas figura como factor determinante en la mitad de los accidentes de tránsito y está presente también en el 26% de las muertes que se registran en la carretera. La modificación será uno de los aspectos más novedosos de la reforma del reglamento de circulación que ya está en fase de audiencia pública. La Dirección General de Tráfico afirma haber detectado un elevado consenso social sobre la necesidad de rebajar la tasa máxima de alcohol, que ahora está en 0,5 gramos por litro de sangre para todos los conductores y 0,3 para los noveles y los profesionales. El nuevo límite estará en 0,2 gramos. Si se aplica la medida, un tercio de cerveza, una copa de vino o de cava o un vermú daría un índice suficiente para sancionar a cualquier hombre o mujer con una constitución física normal. Para dar una idea de la magnitud del problema se puede apuntar que entre el 19 y el 25 de agosto la Guardia Civil desarrolló una campaña de vigilancia que dio como resultado la detección cada día de unos 500 conductores que iban bebidos o drogados. No hay que exponer muchos más datos para concluir que el alcohol y, por supuesto, las drogas son incompatibles con la seguridad vial y que el objetivo final debería ser establecer una tasa 0 como la que tienen ya algunos países de la UE como la República Checa, Rumanía, Hungría y Eslovaquia. Mientras se llega a ese objetivo conviene insistir con medidas de concienciación social en que conducir con alcohol o drogas es una agresión al resto de los ciudadanos que también puede tener consecuencias fatales para uno mismo.
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