Una autopista amortizada

El Gobierno de Mariano Rajoy sostiene que no prorrogará la concesión, pero deliberadamente evita decir si la vía será de pago desde 2020

La actualización de precios aplicados con el nuevo año 2018 provocó hace semanas que el debate sobre la autopista de peaje entre Sevilla y Cádiz se intensificara, probablemente más por la longevidad de la concesión y la ambigüedad del Gobierno sobre su futuro que por los 10 céntimos de euro más que, desde ayer, cuesta pasar por el control de pago de Las Cabezas de San Juan -el tramo de peaje entre Jerez y Cádiz no se cobra al usuario pero sí a laJunta de Andalucía-. Y es que el debate de fondo sobre esa polémica es si esta vía dejará de ser de pago no en un futuro próximo, cuando en menos de dos años, el 31 de diciembre de 2019, expire la concesión por la que se construyó y se explota la denominada Autopista del Sur. Y es que, aunque no sea la del cuento de Cortázar, tiene una historia que recordar: se adjudicó el 30 de julio de 1969, con un plazo de explotación de 24 años a contar desde esa fecha, y no desde su puesta total en funcionamiento, ocurrida el 15 de enero de 1972 (El Cuervo-Puerto Real se abrió en noviembre de 1971). La autopista ha mantenido el pago desde entonces y tiene concedido casi dos años más de plazo. En total, 50 años y cinco meses de concesión: más del doble del plazo inicial y muy por encima de los límites que marca la legislación vigente en 2018, que fija en 40 años el plazo máximo de explotación. Todo ello es así porque todos los partidos que han gobernado España en democracia han prorrogado el pago de peaje en esta vía. En 1977 el Gobierno de Adolfo Suárez prorrogó el fin de la concesión de 30 de julio de 1993 al 30 de abril de 1999, amparándose en que nunca se ejecutó la terminal de contenedores dePuerto Real, uno de los motivos de la construcción de la autopista. En 1986, el Gobierno de Felipe González autorizó la fusión por absorción de la primera concesionaria, Bética de Autopistas, por Aumar -hoy Abertis- bajo la justificación de asegurar su futuro económico, una fusión que unificó las concesiones con las de Aumar, alargando su duración hasta el 31 de diciembre de 2006. Finalmente, el Gobierno de José María Aznar prorrogó por tercera vez el plazo en 1997, hasta el 31 de diciembre de 2019, trece años más a cambio de rebajar el precio. El Gobierno deMariano Rajoy insiste en que no habrá más prórrogas, lo que sería antijurídico. Pero deliberadamente evita decir si la vía estará libre de pago en enero de 2020, como demostró hace sólo unos días el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en su participación en el Foro Joly Andalucía. Puede que crear una nueva concesión sí fuese legal, pero desde luego sería totalmente injusto para dos provincias que llevan pagando casi medio siglo por una comunicación de alta capacidad totalmente amortizada y a las que no se ha dotado de una vía alternativa desdoblando la N-IV.

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