Una carrera inédita de la comunidad científica

El Gobierno debe promover la participación de empresas españolas en algunos tramos de la fabricación y distribución de la vacuna del Covid-19

LA comunidad científica está lanzada a una carrera inédita para conseguir una vacuna contra el coronavirus que produce el Covid-19. El Gobierno debe promover que o empresas españolas actúen con las farmacéuticas internacionales en algunos tramos de la producción o situarse entre la cartera de clientes. De los 26 proyectos de vacunas que tiene registrada la Organización Mundial de la Salud (OMS), seis se encuentran en una fase muy avanzada, aquella en la que se realizan pruebas masivas a miles de voluntarios. Una es la norteamericana Moderna, con la que Rovi ha alcanzado un acuerdo, tres son chinas y las restantes, europeas: la de AstraZeneca, con el apoyo científico de Oxford, y la de Pfizer con la alemana BioNTech. Es posible que varias de ellas superen la última fase entrado el otoño y que, incluso, comiencen a ser fabricadas de modo masivo en diciembre. Las vacunas que se están desarrollando en España, varias de ellas en torno al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aún se encuentran en la primera fase. Entendemos que el Gobierno español debe posicionarse ante este futuro mercado para conseguir cientos de miles de dosis que, en un primer momento, sirvan para blindar a los grupos de riesgo y al personal sanitario. Cuando esto ocurra, y aunque la mayor parte de la población aún no haya sido inmunizada, ya se habrá solventado la parte principal del problema. El Gobierno ya ha comenzado a hablar con las comunidades autónomas, aunque de modo muy preliminar, de la compra y logística de las vacunas, porque serán las consejerías de Salud las que se encarguen de inmunizar a la población. Son las autonomías las que, en la actualidad, se encargan de las campañas de vacunación de otras enfermedades. Queda por resolver cómo se producirá la financiación de las compras de las dosis, y aunque esto también competerá, en parte, a las comunidades, entendemos que es el Gobierno central es el que debe garantizar la igualdad de los españoles ante el remedio. Abogamos por que no se produzcan ni distinciones ni los consabidos relatos de agravios entre los distintos territorios del país.

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