Las previsiones para España después de la primera oleada del coronavirus y el consiguiente confinamiento no pueden ser peores. Según la última estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI), nuestro país se situará este año, junto con Italia, a la cabeza de las contracciones económicas. En concreto, será del 12,8%, algo sin precedentes modernos en la economía española. Estos números son sencillamente dramáticos y, de confirmarse, supondrían con mucho la mayor contracción económica de toda la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística. Valga como dato comparativo que, en 2009, con la crisis financiera en su momento más virulento, la contracción de la economía española fue del 3,8%, mientras que en 2012 fue del 3%.

Es cierto que no estamos hablando de un problema único de nuestro país y que todas las economías nacionales sufren importantes reveses. Si miramos a las principales economías del euro, el FMI considera que Italia también se contraerá un 12,8%, Francia, un 12,5% y la todopoderosa Alemania, un 7,8%. Hablamos de un descenso de la zona euro del 10,2%. Estados Unidos, por su parte, descenderá un 8%. Este contexto internacional tan negativo supone también un problema añadido para nuestro país.

Con estas cifras en la mano nadie puede poner en duda que el panorama económico de España y su entorno es francamente negativo, con el agravante de que a nuestro país esta crisis del coronavirus lo ha sorprendido sin haberse apenas recuperado de los efectos devastadores del crac de 2008. Sin embargo, nuestra clase política sigue sin querer darse cuenta de lo que se avecina y sigue instalada en un intercambio de golpes que poco o nada tienen nada que ver con el interés general de los ciudadanos. Cuanto antes hay que llegar a pactos que permitan afrontar la crisis socioeconómica, garantizando la protección social de los más vulnerables e incentivando a la empresa privada -única capaz de generar empleo duradero y sostenible-. Esto afecta tanto a la política nacional como a la autonómica. Por desgracia, vemos cómo la comisión para la reconstrucción en Andalucía se ha convertido en una simple excusa para la trifulca política y que todos los grupos parecen más pendientes de sus estrategias que de hallar verdaderas soluciones a los problemas. Por su parte, los agentes sociales también tienen una importante cuota de responsabilidad. Es el momento de renunciar a lo accesorio para mantener lo fundamental. Esta vez no se puede decir que no estábamos avisados.