Los rebrotes de casos de coronavirus en Cataluña, Galicia y otras zonas del país han elevado el ritmo diario de contagios a niveles que no se conocían desde mayo, en pleno estado de alarma. El repunte llega después de tres semanas de lo que el Gobierno insiste en llamar nueva normalidad y revela que no es fácil contener la enfermedad en una situación de libre circulación de las personas y con una evidente relajación de las normas básicas de protección. En Andalucía, durante este periodo, los brotes no han dejado de surgir, con Málaga y Granada como las provincias con mayor incidencia. En Cataluña, Baleares y Extremadura, sus respectivos gobiernos autonómicos han empezado a tomar iniciativas como la obligatoriedad del uso de las mascarillas en cualquier entorno público. En Andalucía, el presidente Juanma Moreno anunció ayer que mañana se podría adoptar la misma medida, en lo que parece una actitud de elemental prudencia dada la situación que se está creando en el conjunto de España. Aunque los focos que se han detectado en la región han podido ser controlados gracias a la rápida puesta en marcha de los protocolos de aislamiento, no sobra que se pongan en marcha todas las medidas disponibles para cortar la propagación del virus. En Andalucía, como en otros puntos del país, se ha observado una creciente laxitud en muchos comportamientos que suponen un claro riesgo de expansión de los contagios. Nos referimos sobre todo a lo que se ve en muchas playas andaluzas durante estos fines de semana, con cientos de personas sin guardar las distancias exigidas y, sobre todo, las concentraciones de jóvenes para beber en las calles, que se han convertido ya en una práctica común en casi todas las grandes ciudades andaluzas y que en algunas, como Sevilla, adquiere caracteres alarmantes. Los ayuntamientos y la propia Junta tienen la responsabilidad de evitar que estos comportamientos supongan un peligro para la salud pública y tienen que hacerlo ya porque pronto puede ser demasiado tarde.