EDITORIAL
La Justicia y los tiempos
Nadie puede sorprenderse por el hecho de que el Gobierno haya vuelto a incumplir la obligación constitucional de presentar antes del 1 de octubre en el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Es más, en lo que llevamos de legislatura este desprecio a los compromisos que asume el Gobierno por el mero hecho de serlo ha sido la constante y los Presupuestos con los que se gestionan el día a día de la Administración son los que entraron en vigor el 1 de enero de 2023. En ninguno de los dos primeros años del mandato que obtuvo con la investidura que logró tras las elecciones de julio de ese año Pedro Sánchez ha sido capaz de formular un proyecto y mucho menos de tramitarlos en el Parlamento y aprobarlos. Sus socios de investidura, principalmente los nacionalistas catalanes, le han bloqueado cualquier apoyo y el Ejecutivo ha preferido eludir el trámite de la presentación antes que sufrir una derrota humillante en una votación de tanta trascendencia. Sánchez ha olvidado sus reclamaciones de disolución del Parlamento y convocatoria urgente de elecciones cuando él estaba al frente de la oposición y Rajoy no pudo aprobar las cuentas de 2018. Ahora, el incumplimiento de la obligación de llevar al Congreso el Presupuesto le parece una cuestión menor que le impide desarrollar su programa político y que no tiene por qué conllevar la llamada a las urnas. Si no cambian mucho las cosas en 2026 tampoco habrá cuentas del Estado, aunque todavía no se descarta que el Gobierno logre en algún momento presentar un proyecto en una operación, más política que financiera, para empezar a preparar unas eventuales elecciones generales anticipadas. La falta de Presupuestos y la ligereza con la que el Gobierno afronta la situación no deja de ser una falta de respeto a la Constitución y, como consecuencia de ello, un desprecio a la soberanía nacional.
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