Editorial
¿Merece la pena?
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El presidente del TSJA acaba de situar a la Justicia en Andalucía "al borde del colapso". No es la primera vez que Lorenzo del Río lanza este tipo de alertas con motivo de la presentación de la memoria anual del Alto Tribunal andaluz. Pero sí se percibe su frustración por la inacción de las administraciones para afrontar problemas que se arrastran desde hace dos décadas. El relato oficial se reitera. Andalucía encabeza la litigiosidad en España con 1,2 millones de asuntos el año pasado, un 4% más que en 2021. Sólo en la jurisdicción social no se produjo un aumento en la entrada de expedientes. Pese a que las resoluciones crecieron un 0,7%, quedaron pendientes más de 643.000 casos. Conclusión: con los medios y la organización actual, el sistema judicial en Andalucía será incapaz de eliminar esa abultada bolsa de asuntos. La memoria del TSJA describe todo tipos de carencias en instalaciones judiciales muy importantes de la comunidad. También la desorganización, los problemas de formación e incluso la ausencia de control sobre los horarios de los funcionarios. Y arremete contra un programa informático que se convierte, con sus innumerables fallos, en la peor de las pesadillas para agilizar los trabajos. Un informe que, eso sí, carece de la más mínima autocrítica. Pero le asiste la razón a Del Río cuando clama por acuerdos entre las distintas fuerzas políticas para aprobar normas como la de eficiencia organizativa, procesal y tecnológica que llevan tiempo prometidas. Incluso cuando argumenta que no todo consiste en incrementar los recursos sino que a los actuales se les puede extraer más rendimiento si se optimiza su gestión. Y su lamento se puede compartir cuando concluye que la Justicia no constituye una prioridad para los partidos. Es cierto, los réditos electorales no suelen vestirse con togas. Pero no queda otra salida que la de insistir en las demandas aunque cada año caigan en saco roto. Es de justicia.
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