Amedida que se acerca la sentencia del juicio a los políticos independentistas catalanes que lideraron el referéndum ilegal de octubre de 2017, el nacionalismo se muestra más nervioso y agresivo, volviendo a protagonizar hechos que si no fuese por su gravedad resultarían patéticos o, incluso, chistosos. La sesión del Parlament del pasado jueves fue, sencillamente, una chacota intolerable en un país democrático que deja a las instituciones catalanas, desde la Generalitat hasta la propia Cámara de representantes, en las cotas más bajas de su mermado prestigio. Es sencillamente intolerable que un Parlamento apruebe varias resoluciones para la "desobediencia civil e institucional", una surrealista e imposible ley de amnistía si se condena a los políticos que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo o la retirada de la Guardia Civil de esta comunidad. Asimismo, es intolerable que lo que se supone que es un Parlamento democrático apoye y pida a gritos la libertad para los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el pasado lunes por presuntas actividades terroristas. El propio president, Quim Torra, jaleó de una forma vergonzosa a los arrestados en uno de los momentos más infames de una carrera política ya de por sí discutible. Para colmo, cuando uno de los parlamentarios no independentistas, Carlos Carrizosa (Ciudadanos), protestó con energía ante tal desafuero, fue expulsado por un presidente de la Cámara, Roger Torrent, que es un simple títere de las fuerzas independentistas. Sin duda, Cataluña vuelve a vivir días parecidos a los de 2017, cuando su prestigio como comunidad autónoma puntera de España y su economía saltaron por los aires.

Ante esto, el Gobierno de España ya ha dicho que pondrá a trabajar a la Abogacía del Estado para impugnar las resoluciones claramente ilegales del Parlament. También volvió a enseñar el artículo 155 al afirmar que "la Constitución es nuestra herramienta común para el diálogo, pero también lo será, si fuera necesario, para la defensa de nuestros valores y de nuestro sistema contra aquellos que quieran vulnerarlo". Un Gobierno serio, aunque sea en funciones, no puede permitir que en el territorio que administra se ignoren de una forma tan flagrante la legalidad y los principios básicos de cualquier convivencia política. El nacionalismo, decíamos, vuelve a mostrar su cara más agresiva y antidemocrática, ante la cual sólo se puede oponer la firmeza y la unidad de los partidos constitucionalistas y de las instituciones.