Dos socios de Gobierno pueden discrepar sobre su modelo teórico de Estado; lo preocupante es que uno de ellos esté dispuesto a pasar del terreno de las ideas a la realidad y que, incluso, decida mentir para conseguir sus objetivos. Esto es lo que viene ocurriendo con una parte sustancial del Gobierno de España, la que está formada por los ministros de Unidas Podemos y lidera el vicepresidente Pablo Iglesias. Lo grave no es que haya discrepancias dentro de un Gobierno de coalición, que básicamente es lo que lo define frente a los gabinetes monocolor, ni que las diferencias hagan peligrar su estabilidad, algo que tampoco ocurre porque no hay nada más lejos de la voluntad de Unidas Podemos que dejar el Ejecutivo. Lo realmente preocupante es que desde una Vicepresidencia se manifieste que el rey Juan Carlos I ha huido de España para escapar de la acción de la Justicia. Cuando Pablo Iglesias realiza estas acusaciones sabe que miente. Tal como ha explicado el Tribunal Supremo, a raíz de una denuncia de una organización independentista, don Juan Carlos no tiene siquiera la condición de investigado. Iglesias sabe que la decisión de la Casa Real obedece a lo contrario, a un compromiso de Felipe VI con la ejemplaridad; no se trata de esconder ni de rehuir nada, sino de la asunción de un problema que se siente como propio. La mentira, voceada por otros ministros y alcaldes de la onda de Podemos, es, por tanto, doble. Tampoco nos pueden sorprender estos comportamientos impropios por parte de ministros que no saben asumir su papel institucional, pero sí inquieta que se utilice la tarima del Gobierno para atacar a la Monarquía y al pacto constitucional. El presidente Pedro Sánchez realizó una defensa de la Monarquía y del pacto constitucional el martes pasado en el Consejo de Ministros, y dejó constancia de que su obligación es la defensa de las instituciones del Estado, pero no parece que otros miembros del Gabinete se vean comprometidos con ello. No obstante, se echa de menos una defensa más activa del PSOE contra aquellos que intentan socavar el consenso social que se deriva del gran acuerdo del 78.