A pesar del debate abierto entre el Gobierno y el PP, todo indica que el nuevo modelo de financiación autonómica no podrá aprobarse durante esta legislatura. Con independencia de que no haya acuerdo entre las comunidades autónomas, este modelo se debe sustentar en una ley que tiene que aprobarse en el Congreso, donde el Gobierno no cuenta con suficientes respaldos. Hay que tener en cuenta que tanto el País Vasco como Navarra están fuera de este régimen común, con lo que el PNV y Bildu -aliados del Gobierno- ni están implicados ni desean comprometerse. PSOE y PP sí podrían sacar adelante la ley, pero las comunidades gobernadas por cada uno de los partidos también divergen en su planteamiento. Cabe recordar que la postura de la Junta de Andalucía es similar a la de la Generalitat valenciana y que, a su vez, la Xunta de Galicia defiende criterios distintos a los del presidente Juanma Moreno. A los pareceres dispares dentro de cada partido hay que sumar que sólo las comunidades más desfavorecidas por el actual sistema -caso de Andalucía- aprietan para cambiar un modelo que, sin embargo, ha caducado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido a que en septiembre responderá a las comunidades cómo se calculará la población ajustada de cada territorio, que sólo es una parte de la resolución del problema. Por eso, por este más que previsible retraso, tanto Andalucía como la Comunidad Valenciana han propuesto que se constituya un fondo transitorio que alivie la situación de los territorios infrafinanciados. Es una solución razonable, pero el Gobierno central alega que esta aportación debe salir del conjunto de las comunidades, a lo que se niegan los demás. Es un asunto, por tanto, que no cabe esperar que se solvente en esta legislatura. Sí cabe apuntar que, al menos para 2023, la financiación de las comunidades, incluida Andalucía, mejorará por una mayor retribución de los fondos estatales.