El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana el decreto con las modificaciones pactadas con sindicatos y empresarios de varios puntos del Estatuto de los Trabajadores. El consenso social sobre esta reforma laboral es el primero que se alcanza en tres décadas y significa una adaptación de la norma que el PP aprobó en 2012. Más allá del éxito que unos y otros pugnan por anotarse y de que en realidad no se ha producido una derogación sino unos cambios con un calado no demasiado profundo, estamos ante una gran noticia. En un año marcado por la crispación política, el fruto de esta negociación de nueve meses transmite a la sociedad española que es posible compartir un objetivo entre actores con intereses divergentes. Los firmantes han sido capaces de anteponer a sus postulados de máximos los desafíos a los que debe enfrentarse ahora el país como consecuencia de la pandemia. Sin duda, el Gobierno de España se anota un tanto y, en especial, su vicepresidenta Yolanda Díaz. Además, cumple en tiempo y forma con una de las exigencias de la Unión Europea para la contraprestación de esos denominados fondos europeos Next Generation. Un montante de hasta 140.000 millones de euros que debe utilizarse para modernizar los sectores económicos más emergentes y apostar por su total digitalización. Sin olvidar las energías verdes. La nueva reforma se impone como principal objetivo romper con la temporalidad de las contrataciones laborales en favor del empleo indefinido. Ahora mismo el diferencial con el resto de Europa supera los diez puntos. También regula el polémico marco de las subcontrataciones y recupera la ultraactividad de los convenios colectivos. Los sindicatos pueden afirmar que ganan más peso en las negociaciones. Pero se soslaya el abaratamiento de los despidos, anatema del decreto de 2012 y que la UE nunca aceptaría, o la potestad de las empresas para modificar las condiciones de sus plantillas. Todos ceden y el acuerdo ha sido posible.