La constatación de que Andalucía es la comunidad autónoma española que tiene la menor inversión sanitaria por habitante, según ha certificado la Estadística de Gasto Sanitario Público de 2017 -elaborada por el Ministerio de Sanidad, Comercio, Consumo y Bienestar Social-, revela que es el principal reto que tiene el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía respecto a cómo cambia la gestión de la Consejería de Salud y Familias o del propio Servicio Andaluz de Salud, mucho más que centrarse en enfatizar la gestión del Ejecutivo anterior, polemizando sobre la forma de calcular las listas de espera, por poner el ejemplo más palmario. La estadística oficial deja claro que somos los que menos gastamos en sanidad por habitante y eso repercute en cada andaluz. La inversión sanitaria por persona en Andalucía en 2017 se quedó en 1.153 euros. Y eso supone casi 600 euros menos que el gasto per cápita del País Vasco (1.710 euros), que es la mayor en España. Así que revertir esa realidad es la tarea prioritaria, porque de ello dependerá que se preste un servicio con mayor calidad y medios del que ya presta el sistema sanitario andaluz. Dicho esto, no se puede olvidar que si Andalucía tiene el farolillo rojo del gasto sanitario por habitante es porque no cuenta con suficiente financiación para el tamaño de la comunidad y la población de derecho que conforma la región. De hecho, Andalucía es, en valores absolutos, la segunda autonomía que más invierte, 9.692 millones de euros en 2017, lo que representa un 6,2% del Producto Interior Bruto regional y casi la tercera parte del gasto total de la Junta. Y que al compararlo con la autonomía que lidera el gasto por habitante, el dinero invertido en sanidad por el Gobierno vasco en 2017 se corresponde con el 5,2% de su PIB. Es decir, gasta un punto porcentual menos que Andalucía. Esto supone que, pese a que el esfuerzo del Ejecutivo andaluz fue mayor en 2017, el resultado al dividirlo por la población de derecho nos lleva al final de la clasificación. Es ahí donde tiene el reto el actual Gobierno de la Junta: conseguir un sistema de financiación, y no sólo para la sanidad, que sufrague en pie de igualdad a Andalucía. Ser la autonomía más poblada y una de las más extensas nos lastra pese al gran esfuerzo inversor que se lleva haciendo desde 2014, pues año a año ha ido creciendo el dinero para financiar al SAS, aunque aún no se ha recuperado el que existía antes de la Gran Recesión. El sistema público de salud andaluz tiene muchas virtudes, empezando por unos profesionales muy capacitados y una potente red de hospitales y centros de atención primaria, pero salir de la cola en cuanto al gasto por habitante es una obligación inaplazable.