Ea última semana ha dejado pocas dudas -ninguna- de que el Brexit ha alcanzado su punto muerto. El referéndum para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que fue concebido para saldar una pugna dentro del Partido Conservador, se ha llevado a un primer ministro por delante y está a pocas horas de cobrarse su segunda víctima, Theresa May. En estos últimos días, han sucedido tres hechos que describen este fracaso colectivo británico. May tuvo que retrasar la votación en el Parlamento ante la certeza de que perdería el apoyo al plan de salida pactado con Bruselas; la primera ministra se sometió a una moción entre sus parlamentarios, que salvó, pero que dejó constancia de que ya no cuenta con un tercio de ellos, y se embarcó en una gira por Europa para renegociar lo que ha costado más de un año. Una gira frustrante que se ha cerrado con un gran ridículo. Y ahora nadie es capaz de hallar una solución. El problema no está en Bruselas, sino en Londres, y debe ser en la capital del Reino Unido donde se encuentre una solución que, cada día está más claro, pasa por volver a preguntar a los ciudadanos. La Cámara de los Comunes se encuentra bloqueada porque el Brexit duro da pánico, pero este acuerdo es rechazado por los euroescépticos. En los últimos días se han producido dos hechos aclaratorios. El primero, que el Tribunal Europeo de Luxemburgo autorizaría al Reino Unido a volver al punto anterior al día del referéndum. Basta con retirar la solicitud de salida de la Unión. Y segundo: que si May fracasa en el Parlamento, puede ser esta misma Cámara la que negocie y apruebe una salida. El mismo parlamentario conservador que ha conseguido que se reconozca este poder de la Cámara, es partidario, como otros muchos, de volver a convocar un referéndum, aunque los términos de éste están muy abiertos. Lo que ha demostrado todo este tiempo es que el referéndum fue un error porque ni el Gobierno ni el electorado conocían los términos de una salida que, en algunos aspectos, es imposible, de no ser que se quiera volver a dividir a las dos Irlandas. El paralelismo con el caso catalán es evidente: ¿cuáles serían los términos de esa independencia? Nadie lo sabe y, además, sería irrealizable. La repetición de la consulta en el Reino Unido no debe ser entendida como un atajo o un engaño a una decisión democrática, sino la reparación, la mejora, de un referéndum que se celebró sin la suficiente información. La realidad también demuestra que en estos tiempos de globalización, de intercomunicación entre estados, las segregaciones de comunidades políticas y económicas son poco menos que un instrumento oxidado del pasado.