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El Gobierno vuelve a ponerse en posición de sumisión ante Junts dispuesto a ceder en cuantas peticiones se le hagan para no perder los siete votos que le aseguran la estabilidad de una legislatura que, por mucho que Pedro Sánchez intente disfrazarlo, está ya fracasada desde un punto de vista político. El presidente ha anunciado que volverá a hacer un intento de encauzar la senda de estabilidad para los Presupuestos de 2025 cuando los separatistas catalanes resuelvan sus diferencias internas en un congreso. Se trata de saber si seguirá mandando Carles Puigdemont o habrá otra correlación de fuerzas. Pero será más de lo mismo: Junts, y por su parte también Esquerra Republicana, seguirán utilizando la técnica del chantaje para exhibir que son ellos los que tiene la sartén por el mango. Y lo demostrarán cada vez que haga falta, haciendo acudir a un representante de Sánchez a Ginebra para negociar en actitud mendicante o forzando la desclasificación de documentos del CNI sobre el atentado islamista de 2017 para dar pábulo a sus teorías conspiranoicas. Este es el panorama al que se enfrenta el Gobierno, sometido a permanentes vueltas de tuerca. Es además un proceso sin final previsible, porque el único objetivo con el que trabaja Sánchez es permanecer cuanto más tiempo pueda en el poder. Mientras tanto, son ya muchas las voces que piden que no se continúe por este camino y que se dé la legislatura por acabada con una convocatoria electoral que clarifique el panorama. Han pasado demasiadas cosas en los últimos dos años, de la amnistía a la ruptura del sistema común de financiación autonómica, que justifican que los ciudadanos tomen la palabra.
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