Andalucía: Constitución y autonomía

Con el paso del tiempo, muchos caen en la tentación de reescribir la historia. En la actualidad, y con motivo del debate sobre el futuro modelo territorial de España, muchos se entregan a la reescritura con fruición.

Primera reescritura de la historia. Hay quienes dicen que, a la hora de redactar la Constitución, se produjeron unos llamados "pactos de 1978", según los cuales sólo algunos territorios habrían de tener un régimen político-institucional diferenciado. Para las demás entidades territoriales, según ellos, sólo se preveían regímenes territoriales de segundo grado, por los siglos de los siglos.

No es cierto. Para empezar, y como dejó dicho Tarradellas en su Ja sóc aquí, Suárez y Martín Villa le dejaron claro, desde el primer momento, que "la autonomía había de ser ofrecida a todas las regiones". "Tuve que aceptar que no me opondría a su planteamiento para que el mío no fuese interpretado como una muestra del vilipendiado egoísmo catalán", dejó escrito el Honorable.

Para continuar, la Constitución Española, desde el Primer Informe de la Ponencia (BOE, 5 de enero de 1978) reconocía que "las diferentes nacionalidades y regiones que integran España podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Territorios Autónomos", sin más distinciones. Desde el principio, si hubo algún pacto, ese pacto fue el de extender el régimen autonómico a todos los territorios.

Distinta cosa es que se acordaran distintos procesos para acceder a la autonomía plena -Artículos 143, 151 y Disposición Transitoria Segunda- y distintas fases -desde el primer momento, o pasados cinco años- para llegar a dicha plenitud autonómica. El modelo final era un modelo que sólo se podía cerrar de una manera: con un nivel de autonomía homogénea, como norma, para todos los territorios.

Segunda reescritura de la historia. Algunos defensores de un "nuevo encaje catalán" se basan en la idea de que la "restauración" de la Generalitat con Tarradellas supuso el único reconocimiento de la legalidad de la II República, por un lado, y de la "continuidad histórica" de las instituciones catalanas, por otro. De ello derivaría, para las actuales instituciones catalanas, la necesidad de aplicarles su propia lógica histórica, distinta a la lógica constitucional, aplicable al común de los mortales.

Quienes así piensan se olvidan de tres hechos históricos clave: Primero: que, para poder ser "restaurado", lo primero que tuvo que hacer Tarradellas fue aceptar la Monarquía y dejar el pasado a un lado. Segundo: que la "Operación Tarradellas" fue una operación urdida por Suárez y los suyos para evitar un Gobierno de izquierda en Cataluña, como cuentan Alfonso Osorio, Sánchez Terán, Ortínez y otros, y como refleja Josep Fontana en su libro La formació d'una identitat: "Davant l'amenaça que representava el triomf de l'esquerra i dels nacionalistes, l'operació que havia proposat Ortínez(el retorno de Tarradellas) es va rependre amb urgencia". Y tercero: que para ir a la Historia y al Derecho, conviene tener en cuenta la opinión del Tribunal Constitucional de España: "La Constitución no es un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella. España toda, y todos los pueblos de España, son sujetos que se constituyen en el mundo jurídico en virtud del reconocimiento constitucional". Más claro, agua.

Tercera reescritura de la historia. En tertulias, en foros de Madrid y Barcelona, e incluso por nuevos políticos populistas se dice, con frivolidad, que Andalucía, en su proceso autonómico, violentó la Constitución y rompió los llamados "pactos de 1978". Tales pactos no existieron, en el origen de la Constitución, como he intentado demostrar. Y, por otra parte, el camino de Andalucía hacia la autonomía se mantuvo, en todo momento, en el marco de la Carta Magna. Desde el 4 de diciembre de 1977 hasta el 28-F, pasando por la elaboración del Estatuto y por la Reforma de la Ley Orgánica del Referéndum, todos los pasos dados se mantuvieron en el respeto a la Constitución. Y, además, todo el camino fue andado con acuerdos -en Andalucía, en el Congreso y el Senado- y con todo el apoyo de los partidos estatales y los partidos nacionalistas.

Termino, con gusto, con palabras prestadas: "El Estatuto de Autonomía para Andalucía supuso dar la vuelta a la tradición española en lo que a la articulación territorial del poder se refiere. La autonomía ha dejado de ser excepción para convertirse en norma en el Estado español. Nada más pero también nada menos". (Javier Pérez Royo, Veinte años después, Parlamento Andaluz, 2001, página 120). Andalucía y España toda: desde la Constitución a las autonomías, pasando por la Constitución.